Contraloría y CFA exponen sobre el reajuste del sector público

Las fuentes de recursos estatales, su impacto en el presupuesto, la reasignación de recursos considerando emergencias de contingencia, y la llamada “ley de amarre”, concitan las dudas en torno al proyecto que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios.

Esto quedó en evidencia en la sesión AM de la Comisión de Hacienda, presidida por la senadora Ximena Rincón, instancia que está citada para el total despacho del mensaje desde las 15 horas de esta tarde.

Durante la jornada se recordó que se propone un incremento salarial total del 3,4%, reajuste que sería aplicado de manera escalonada en dos etapas: diciembre 2025: alza retroactiva del 2,0% y junio 2026: alza adicional del 1,4%, completando el total de 3,4%.

Sumado a una serie de otras medidas como aguinaldos, bonos y otras materias, las incluyen la llamada “ley de amarre”.

VALIDACIÓN DE PROYECCIÓN

Al respecto, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, fue enfática al explicar y diferenciar la regulación legal de los empleados de planta y contrata y sobre el particular sentenció que “contraviene la regulación armónica que contiene el Estatuto Administrativo en esta materia, pues desde siempre las contratas han sido consideradas como transitorias y terminan por el sólo ministerio de la ley el 31 de diciembre de cada año".

Además, “afecta la carrera funcionaria, dado que permite a terceros ajenos a la Administración acceder a cargos de mayor grado, en desmedro del resto de los servidores con desempeño de larga data en la institución”.

En tanto, sobre la proyección de gastos del informe financiero del proyecto, reconoció que “no se tiene el dato detallado del conjunto total de las asignaciones sujetas a reajuste, lo que impide validar la proyección de gastos. Por ejemplo, no pudieron validarse todos los componentes de gasto, tales como aguinaldos y bonos, pues no se cuenta con los antecedentes relativos a la cantidad de beneficiarios y los tramos de sueldos, entre otros”.

“Los montos de los subsidios deben responder además a la disponibilidad de presupuesto existente”, recalcó.

Desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), su presidenta Paula Benavides, detalló que el financiamiento del proyecto de reajuste 2026 recae, fundamentalmente, “en las provisiones y capacidades de reasignación. En 2026 el Subtítulo 21 no contempla el Inflactor que en años anteriores contribuyó de manera significativa al financiamiento (2014: 40%; 2018: 52% y 2022: 61%)

REDUCCIÓN DE HOLGURAS

De esta forma, prosiguió, “el costo del reajuste (descontando la disposición en el Subtítulo 21 por Inflactor) reduce las holguras en las provisiones muy por debajo de años anteriores y para 2026 los recursos disponibles para el reajuste en las asignaciones 104 y 275, generan una brecha a financiar de US$941 millones (0,26% del PIB)”.

“El financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y de un mayor uso de las provisiones” y "el margen remanente de la Asignación 104 (US$345 millones) debe asegurar disponibilidad para financiar emergencias y otras contingencias”.

Añadió que “la heterogeneidad y cantidad de normas misceláneas de la iniciativa eleva el riesgo de efectos fiscales no previstos o de imprecisiones en su estimación, especialmente dadas las restricciones de tiempo para su análisis durante la tramitación legislativa”.

Entre las recomendaciones presentadas están que “Dipres identifique y explicite detalladamente las fuentes adicionales de financiamiento (reasignaciones y/o uso de provisiones), para facilitar que dichas fuentes estén disponibles oportunamente para no comprometer el cumplimiento de las metas fiscales”.

La senadora y los senadores integrantes de la Comisión agradecieron la claridad de las exposiciones y reiteraron dudas sobre el impacto en la presente ley de presupuestos e instaron a aclarar y consensuar las divergencias que -señalaron- son las mismas que vienen desde la Cámara.

REFORMA INTEGRAL

Durante la sesión también se escuchó a la Asociación de Funcionarios del Hospital Padre Alberto Hurtada, quienes hicieron presente, entre otros, los errores de cálculos en la forma de pago que han debido enfrentar.

El Centro de Incidencias Pivote dejó en evidencia que por años el empleo público “ha sido parchado” y “la ley de amarre es el pero de todos los parches, porque va en contra del empleo público”. Al respecto llamaron a avanzar en una reforma integral al empleo público.

Por su parte, la Asociación Chilena de Municipalidades, lamentaron que la ley fue “inconsulta” con el sector y que “considera beneficios que deben pagarse con recursos municipales (…) y no son inocuos y generan un descalce en los presupuestos”.