BRUSELAS 4 Dic. (EUROPA PRESS) - La Comisión Europea ha abierto una investigación contra Meta para aclarar si el gigante tecnológico pone trabas anticompetitivas en el acceso de proveedores de Inteligencia Artificial (IA) a su plataforma de mensajerÃa WhatsApp, al limitar con su polÃtica que otros proveedores distintos a su propio servicio lleguen a sus clientes a través de WhatsApp.
"Investigamos si la nueva polÃtica de Meta podrÃa ser ilegal según las normas de competencia y si debemos actuar con rapidez para evitar cualquier daño irreparable a la competencia en el ámbito de la IA", ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, en un comunicado para informar de la investigación.
En concreto, los servicios comunitarios examinan si la nueva polÃtica de Meta introducida el pasado octubre impedirán a los proveedores de IA utilizar una herramienta que permite a las compañÃas comunicarse con sus clientes a través del servicio para empresas 'WhatsApp Business' si la IA es el servicio principal que ofrece esta empresa a sus clientes. Con todo, las empresas pueden seguir utilizando herramientas de IA para funciones auxiliares o de soporte, como la atención al cliente automatizada ofrecida a través de WhatsApp.
En este contexto, a Bruselas le preocupa que esta nueva polÃtica pueda impedir que terceros proveedores de IA ofrezcan sus servicios a través de WhatsApp en el Espacio Económico Europeo (EEE), lo que contraviene las reglas de competencia de la Unión. La actualización de las condiciones de la aplicación para empresas ya se aplica a los nuevos usuarios, mientras que los proveedores que ya estaban anteriormente en la aplicación tienen hasta el 15 de enero de 2026 para realizar dicha actualización.
"Como resultado de la nueva polÃtica, es posible que los proveedores de IA de la competencia no puedan contactar a sus clientes a través de WhatsApp", alerta la Comisión Europea, que investigará la situación en todo el espacio económico europeo salvo Italia, en donde las autoridades nacionales competentes ya tienen un proceso propio en marcha.