El Tribunal de Cuentas de la UE ha advertido este lunes de que el impacto del plan de recuperación español en la mejora del entorno empresarial ha sido "limitado", pese a situarse entre los países que mejor han aprovechado el fondo anticrisis.
Así lo señala un informe especial de los auditores europeos publicado este lunes que concluye que las medidas incluidas en el plan de recuperación de España "solo abordan parcialmente" los retos estructurales del entorno empresarial identificados por Bruselas antes de la pandemia.
España figura entre los siete Estados miembro --junto a Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Portugal-- que han "abordado en gran medida" las recomendaciones específicas de la Comisión Europea relativas al entorno empresarial, aunque ninguna de ellas se ha cumplido plenamente.
En concreto, los auditores revisaron cuatro reformas españolas financiadas con estos fondos, tres de las cuales se completaron dentro del calendario previsto y lograron los resultados formales comprometidos con la Comisión, aunque solo una presentó efectos significativos sobre la actividad económica, mientras que las otras dos tuvieron resultados "limitados" y la cuarta seguía pendiente de ejecución en abril de 2025.
Entre las medidas destacadas figura el paquete de apoyo fiscal y de liquidez aplicado durante 2020 y 2021 para aliviar el impacto de la pandemia en autónomos y pymes, unas actuaciones que, según el Tribunal de Cuentas, beneficiaron a más de 1,5 millones de empresas, pese a que su efecto fue temporal y no derivó en mejoras estructurales duraderas, puesto que las declaraciones de insolvencia empresarial repuntaron con fuerza a partir de 2022.
El informe subraya que las reformas españolas han contribuido a mitigar los efectos inmediatos de la crisis sanitaria, pero "no han transformado de forma sustancial el marco regulatorio ni la competitividad del tejido empresarial". Además, advierte de que muchas medidas carecen de indicadores de resultados que permitan evaluar su impacto a largo plazo.
En sus recomendaciones, los auditores instan a la Comisión Europea y a los Estados miembro, incluido España, a diseñar instrumentos futuros con objetivos más precisos y mecanismos de seguimiento sólidos, de modo que los fondos europeos generen cambios estructurales sostenibles más allá de 2026, cuando concluye la ejecución de los planes de recuperación.
