Programas gubernamentales y presupuesto público 2026

A 50 días de presentar el proyecto de ley de presupuestos, los resultados de la evaluación oficial de los programas gubernamentales del año 2024 son una llamada de atención urgente para la gestión pública. De los 706 programas evaluados - con un gasto ejecutado agregado de MM$38.490.785-, el informe IFP 2025 (IIT) informa que se han detectado deficiencias estructurales importantes: 34,3% con problemas de focalización y priorización, 12,5% con subejecución y, apenas 79,6% de la oferta programática habría alcanzado una ejecución presupuestaria dentro del rango esperado en términos de impacto.

¿Qué significa que más de un tercio de los programas presenten deficiencias de focalización y priorización? Significa que bienes públicos y transferencias pueden estar llegando a beneficiarios no prioritarios, o que iniciativas poco alineadas con metas nacionales compiten por recursos con políticas de alto impacto social. La existencia de subejecución en el 12,5% de los casos revela, por otra parte, problemas en gestión, diseño o viabilidad: partidas presupuestarias aprobadas que no se transforman en bienes o servicios efectivamente entregados. El hecho de que casi una quinta parte de la oferta no alcance los umbrales esperados de impacto, aun con ejecución presupuestaria adecuada, es también una alerta que requiere de nuevas y más profundas evaluaciones.

Ante la pregunta ¿qué sucede si se eliminan esos programas? La respuesta es política y técnica: decidir qué conservar, qué reformar y qué suprimir con la mirada puesta en la máxima protección social y la eficiencia del gasto público. Suprimir en bloque programas identificados por deficiencias podría generar ahorros nominales relevantes, pero también riesgos de desprotección si no se evalúan adecuadamente. Si nos detenemos en números, e hipotéticamente consideramos eliminar el 34,3% de los 706 programas (242 programas) - suponiendo que a cada programa correspondiera, en promedio, un segmento proporcional del gasto-, hablamos de aproximadamente MM$13.202.000. del gasto total. Ese monto, aunque aproximado y sujeto a matices técnicos, representa eventuales recursos que podrían reasignarse a intervenciones prioritarias y con mayor evidencia de efectividad.

No obstante, el reparto del ahorro potencial exige cautela. Parte del gasto asociado a programas con deficiencias puede estar comprometido por transferencias legales, convenios o infraestructura física; otra parte puede corresponder a costos irrecuperables. Además, la subejecución detectada en 12,5% (88 programas aproximadamente) sugiere que parte del presupuesto no utilizado ya constituye una “economía” real en ejecución del año, pero su liberación para reasignación exige procesos administrativos que eviten la simple reprogramación sin reformas de fondo.

La alternativa responsable es la priorización basada en evidencia. Primero, auditar con detalle los programas señalados: e identificar y verificar la existencia de beneficiarios. Segundo, diseñar un proceso transparente de cierre o fusión de iniciativas cuyo costo-beneficio sea negativo, devolviendo recursos a la caja fiscal y liberando capacidad administrativa. Tercero, reasignar los recursos ahorrados a sectores y proyectos prioritarios con alto retorno social y con sistemas sólidos de monitoreo y evaluación.

Esta crisis de diseño y ejecución ofrece una oportunidad para fortalecer la arquitectura institucional: básicamente mejorando la priorización ex ante mediante criterios técnicos exigentes y condicionando la continuidad de programas a resultados intermedios y finales. Aunque para muchos los cerca de MM$38.500 pudieran parecer una cifra menor, la responsabilidad del estado es usarlos con responsabilidad y contribuir así al surgimiento de una cultura de evaluación que convierta los recursos asignados en verdadero impacto.

Américo Ibarra Lara

Director Observatorio en Política Pública del Territorio

Instituto de Ambiente Construido

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile