El 21 de julio pasado el gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria, el cual en uno de sus puntos propone un cambio de tributación de los fondos de inversión públicos o privados.
Hoy, no se encuentran afectos al impuesto de primera categoría por las utilidades que ellos generan, quedando gravado a los impuestos finales, cuando este valor se adjudica a los dueños, que son personas naturales con residencia en Chile, o personas que no tienen domicilio en Chile.
La propuesta del Ejecutivo es queden afectos a este impuesto y, en el caso de los fondos de inversión públicos, sean sus dueños los que tributan, cuando son empresas. El problema es que, dependiendo de la estructura organizacional de los dueños, la tributación efectiva de estas utilidades podría tardar décadas.
Cuando se crearon los fondos como mecanismo de inversión, se hizo pensando en la apertura a invertir en nuevos instrumentos financieros. Su principal atractivo es el diferencial del impuesto, lo que lleva a fomentar la reinversión. La estructura actual asegura liquidez y rentabilidad, haciendo que nuestro país sea atractivo a nivel regional.
Aunque la propuesta del gobierno busca asegurar un pago más oportuno de impuestos, cambiar las reglas podría frenar el crecimiento de la industria. Es importante mirar cómo se manejan estos vehículos de inversión en los países de la OCDE y, en base a eso, mejorar su tratamiento tributario en Chile.