Sr. Director:
La liberación de Osmar Ferrer no es una mera anomalía jurídica, sino una puñalada a la convicción ciudadana de que la justicia protege a los vulnerables y castiga la violencia. Este hecho no puede ser relativizado ni reducido a una simple "falla administrativa", es síntoma de una descomposición institucional que evidencia falta de rigor, coordinación y responsabilidad de los órganos encargados de salvaguardar la justicia, pilar fundamental de la democracia.
Esto no sólo debilita al sistema judicial, sino que erosiona la soberanía del Estado frente al crimen organizado.
No basta con declaraciones de buenas intenciones ni con sumarios que se diluyen en la niebla de la impunidad administrativa, la gravedad del hecho exige responsabilidades políticas y operativas, porque en democracia cuando se comete un error de este calibre, pedir disculpas es insuficiente. Hay que responder con consecuencias y la ciudadanía merece respuestas, no promesas.
Jorge Gacitúa Muñoz
Abogado
