Esto no sólo debilita al sistema judicial, sino que erosiona la soberanía del Estado frente al crimen organizado.
En esta oportunidad, la instancia legislativa aprobó los cuatro primeros artículos de esta iniciativa de ley. Dentro de las propuestas, también se contempla el establecimiento de otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado.