Y ahora ¿qué hacemos?
La semana pasada conocimos el nuevo informe que presentó el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII) a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre evasión tributaria de nuestro país, destacando la baja en la estimación que realizó en un estudio anterior, el cual fue la base y justificación para la Ley de Cumplimiento Tributario que está en aplicación, y que dotó de mayores herramientas al SII para realizar sus tareas.
Lo preocupante de este nuevo informe, es que el nivel de incumplimiento tributario en nuestro país no es de la dimensión que se había indicado, lo que redunda en que tenemos una ley de la República que busca aplica herramientas que pretenden perseguir a un número errado de evasores. Es más, el mismo Director Nacional reconoció en otra oportunidad que es baja la evasión de las grandes empresas, información que quitó el piso a los detractores de los empresarios que siempre los apuntan como entidades que no pagan sus impuestos.
Lo preocupante del informe, es que evidencia un grave problema, pues desde el inicio de este gobierno se planteó la necesidad de dotar al Estado de mayor cantidad de recursos monetarios para solucionar las ingentes demandas sociales que vehementemente son demandadas por las fuerzas vivas de la sociedad civil, desde octubre de 2019. La propuesta es que solo el Estado puede dar soluciones a tales carencias y, para ello, se prometió una reforma tributaria que aumentara la recaudación para tales efectos. Esto se hacía con el fundamento de que el incremento en la carga tributaria de los contribuyentes provocaba un aumento en la recaudación casi en forma línea. Ese argumento no tiene sustento empírico, dado que hay información certera, tanto nacional como internacional, que tal postulado no tiene correlato en la realidad.
Si el objetivo era incrementar las arcas fiscales, se propuso por parte de distintas organizaciones y expertos que se incursionara en la rebaja de los gastos que realiza el Estado, lo que motivó al ministro de Hacienda a planificar un ahorro de 1.500 millones de dólares.
Pese a esa redirección de las políticas públicas, los hechos están haciendo peligrar los objetivos planteados.
La evidencia empírica dice que no es eficiente aumentar la recaudación con incremento de la carga tributaria, máxime en periodos turbulentos como los que estamos viviendo con la guerra arancelaria internacional. Esto hizo sentido a la autoridad y anunció que se postergará la idea de reforma tributaria al impuesto a la renta que se comunicó el año pasado, lo cual representa una acertada decisión.
Ahora estamos con problemas para lograr el incremento en la recaudación a través del combate a la evasión, pues los niveles de ésta no son tan altos y, por ello, no resulta eficiente trabajar en su combate si los montos esperados no son altos. Por otro lado, la evasión siempre es complicada combatir, porque son situaciones hipotéticas que son fiscalizadas, además que siempre está la respuesta del contribuyente que pueden terminar en una judicialización de los procedimientos de fiscalización que demoran la posibilidad de lograr la recaudación esperada, como también incurrir en gastos por asesoría legal tanto de los contribuyentes como del Fisco.
Solo nos queda apostar por la tercera alternativa que puede incrementar la recaudación: el crecimiento del país.
La historia de nuestro país avala esta última estrategia, pues cuando el país crecía sosteniblemente entre un 4% y 6%, la recaudación se incrementó, tal vez no en la misma proporción que el crecimiento del PIB, pero sí permitió proveer al Estado de recursos que fueron destinados a mejorar la situación económica de los sectores más desposeídos del país, logrando bajar considerablemente la pobreza.
De esta forma, con el nuevo escenario, tanto nacional, respecto a los nuevos informes; como internacional, respecto a las turbulencias arancelarias, solo queda diseñar una estrategia sustentada en el crecimiento del país que permita aumento en la inversión y el ahorro a través de herramientas tributarias que la doctrina y la evidencia empírica validan como eficiente para lograr la verdadera solución de los problemas sociales.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director de Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago
