Burocracia pública versus eficiencia

La burocracia pública ha sido un tema de amplio debate desde la concepción misma del Estado moderno. En muchas sociedades, la burocracia es un componente esencial para la administración de los asuntos públicos y la implementación de políticas gubernamentales. Sin embargo, la tensión entre la burocracia y la eficiencia operativa se ha convertido en un tema central en la discusión sobre el funcionamiento del sector público.

Los defensores de un enfoque más eficiente en la gestión pública argumentan que la burocracia tradicional, con su tendencia a la rigidez y la lentitud, puede obstaculizar la capacidad del gobierno para adaptarse a situaciones cambiantes. Los ciudadanos esperan respuestas rápidas y efectivas a sus necesidades, lo que a menudo choca con los procesos burocráticos habituales que requieren tiempo y pueden ser tediosos.

Nuestro país no está ajeno a esta discusión. Se afirma con razón que el crecimiento de la burocracia no necesariamente mejora la eficiencia de las distintas reparticiones del estado. Tal vez un ejemplo positivo sea la incorporación masiva de recursos humanos durante la pandemia COVID al sector salud, lo que permitió enfrentar con éxito la tarea. En la actualidad, los servicios de salud suman como dotación 227 mil funcionarios a los que deben sumarse otros cerca de 35 mil trabajadores a honorarios. Esto significa que actualmente 2 de cada 3 funcionarios públicos pertenecen a los distintos servicios de salud.

Durante el primer trimestre de 2024, la dotación del sector público en su conjunto alcanzó los 401 mil funcionarios entre planta y contrata más 86.600 a honorarios, cifra que excluye a funcionarios de instituciones policiales, de las FF. AA, y a los trabajadores de empresas propiedad del estado. El crecimiento de la planta de funcionarios públicos originada y seguramente justificada en el área de la salud por la pandemia se verá ampliada significativamente en la medida que se operen los servicios locales de educación. Se estima que, con su puesta en marcha, serán cerca de un millón de docentes y trabajadores de la educación que tendrán también dicha calidad.

Chile requiere determinar técnicamente cuál es el tamaño ideal de nuestro estado de acuerdo con las tareas y resultados que enfrenta. En paralelo, es necesario acordar normas que permitan tener la flexibilidad para destinar de manera permanente recursos humanos a otras tareas y en otras reparticiones. Esto supone un cambio cultural relevante, al igual que contar con un sistema de evaluación serio que permita la desvinculación de funcionarios que no cumplen con la tarea encargada. Burocracia y eficiencia, no son conceptos mutuamente excluyentes, pero hoy al parecer se encuentran distantes. 

Américo Ibarra Lara

Director Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile