Preocupación y, por qué no decirlo, desilusión me causa el trabajo que realizó la Comisión de Hacienda del Senado respecto al proyecto de ley de cumplimiento tributario que esta semana será tratado en la sala.
Recordemos que esta iniciativa legal ingresó en marzo a la Cámara de Diputados y Diputadas, siendo parte del “Pacto Fiscal” que está llevando a delante el ministerio de Hacienda, buscando incrementar la recaudación fiscal.
El contenido de este proyecto apunta a mejorar la gestión del Servicio de Impuestos Internos, dar garantías de transparencia y equidad a los contribuyentes, para lo cual se tocan materias de gobernanza, elusión tributaria y combate a la informalidad.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas se realizó un intenso debate, del cual participé presentando algunas opiniones sobre puntos específicos, las cuales aportaron al mejoramiento del proyecto, resultando eliminadas algunas disposiciones como el cambio desde la sede judicial a la administrativa, para determinar la elusión. Sin embargo, había otros aspectos que merecían una discusión más técnica que se iba a dar en el Senado, lugar donde ya se habían corregido y mejorados aspectos de forma y fondo muy profundos en otros proyectos de ley, como cuando se tramitó la reforma tributaria del año 2014.
En esta oportunidad, no se repitió el talante legislativo y vimos cómo estos últimos tres meses se realizaron 30 audiencias que plantearon distintos aspectos y señalaron elementos relevantes que debían ser considerados en el proyecto, pero que al final no derivaron en resoluciones concretas, sino en la formación de un comité técnico, cuya constitución no me queda clara, que deberá presentar un informe en dos semanas sobre materias que permitan distinguir entre qué propuestas se eliminarán del proyecto, qué se trasladarán a otro, cuáles se reformularán y cuáles serán resueltas en votación en particular. Es decir, se preguntará a “técnicos” como abordar el proyecto.
Si bien es adecuado el enfoque que se da, en el sentido que se tomarán decisiones fundamentas, no es menos cierto que seguimos con ambigüedades y con un escenario futuro incierto, sin saber realmente cómo operará el Servicio de Impuestos Internos, cómo se determinará la elusión y qué derechos se reconocerán al contribuyente.
Surgen dudas de la valoración que realizaron los parlamentarios de la treintena de audiencias escuchadas, y que al final, se deja a una comisión técnica el destino del proyecto.
Me preocupa, además, porque en septiembre ingresará la segunda parte de este pacto, donde sí habrá materias relacionada con la carga tributaria. Me intranquiliza profundamente por la confusión y la forma cómo se está abordando el tema tributario por parte de nuestros legisladores, pues transcendió que en un “protocolo de acuerdo” quedó establecido que no habría un incremento en la carga de los contribuyentes, sino que sería una “compensación” entre la baja de la tributación de las empresas y un alza en la tributación de las personas, lo que resulta profundamente complejo y distorsionado.
No existen las modificaciones tributarias “compensadas”. No es aplicable la jocosa expresión que el otrora ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre, quien decía que debía “cuadrar el círculo” cuando quería aumentar la carga de las empresas, bajando la de las personas (lo contrario de lo que ahora se plantea) pues cada sector de la economía es distinto y actúa con diversas motivaciones. Así también, no es lo mismo modificar la carga de las personas, quienes viven de su trabajo, que modificar la carga de las empresas, que generan renta.
Por lo complicado del tema que se avecina, es lo que me preocupa porque nuestros parlamentarios piensan tratarlo con “protocolos” para llegar a acuerdos, en circunstancias que no se logran resultados con las negociaciones políticas, sino con la aplicación de correctas medidas económicas.
Es por tal motivo que me preocupa el talante legislativo que están mostrando nuestros parlamentarios en temas tan sensibles y que nos afectan a todos, porque todos somos contribuyentes y, al final del día, somos los contribuyentes los que financiamos este aparataje estatal.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago