Delito político o delito común: conflicto diplomático entre México y Ecuador

El reciente incidente en el que la policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión la diferencia entre un delito político y un delito común, a partir de los tratados internacionales, que regulan el Asilo Político como mecanismo de protección a extranjeros que sienten que sus derechos están siendo vulnerado en su país de origen. Desde esta perspectiva es crucial comprender estas distinciones, ya que pueden tener repercusiones significativas en la estabilidad política y económica de una nación.

Es importante definir ambos conceptos. Por tanto, un “delito político” se refiere a acciones destinadas a influir en la política, dañar al Estado o a sus instituciones. Tiene relación con acciones que conducen a un individuo arremeter contra el Estado, en busca de reivindicaciones sociales colectivas. Esta definición muchas veces aparece vinculada con la denominación de “perseguido político”, que implica que una persona es perseguida por sus ideas políticas.

Un “delito común”, por tanto, se refiere a infracciones de la ley que no están directamente relacionadas con motivaciones políticas y que atentan contra la seguridad y el orden público. Este término se refiere a un crimen o delito, robo, hurto y otros, que se consideran como tal dentro de un sistema legal o jurídico específico. Por tanto, un delito común es aquel que afecta a la sociedad en general o a individuos. La RAE, señala que el delito común es la acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave” se aplica a todos los ciudadanos por igual, sin excepción de rangos ni privilegios, Quienes estén inmerso en estos delitos se les denomina delincuentes.

En el caso de la incursión en la embajada mexicana en Quito, las autoridades ecuatorianas han argumentado que se trataba de un delito común, ya que Jorge Glas, ha sido condenado por dos ocasiones por corrupción, uno por el “delito de asociación ilícita” en el 2017, sentenciado a seis años, (pena que cumplió a medias) y la otra por el “delito de cohecho agravado” en el 2020 vinculado a la trama de Odebrecht, en donde se estima que recibió sobornos por 18 millones de dólares, condenado a 8 años, (pena sin cumplir). Además, se le ha dictado orden de detención por el caso de peculado en el denominado caso de Reconstrucción de Manabí, en donde se estima que se abusó del dinero público (3.500 millones de dólares) que estaba dirigido para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, destruidos por efecto del terremoto del 16 de abril de 2016.

Se asegura que en vez de que el Estado emprenda con obras para reconstruir las provincias devastadas por el terremoto, se destinó el dinero a realizar obras para favorecer intereses particulares, a través de una entelequia denominada “Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva” presidida por Jorge Glas. Se ha determinado que se destinaron 2,6 millones de dólares para reparar un helicóptero y un avión sin que estos tengan relación con la reconstrucción, Además 360 millones de dólares en 30 proyectos de obras que estaban previstas antes del terremoto y más de 136 millones en obras como redondeles, parques y otros, mientras que familias que perdieron su casa en el terremoto hasta hoy 12 de abril de 2024 viven en carpas esperando que se le construya sus viviendas con el dinero que se festinaron Jorge Glas, Carlos Bernal, Pablo Ortíz y otros delincuentes que aún no han sido llamados a juicio.

Es necesario manifestar que cuando se cometieron estos delitos ostentaba la dignidad de vicepresidente de la República, Jorge Glas, (desde el 24 de mayo de 2013 hasta el 6 de enero de 2018), por tanto, es verdad que en este tiempo Glas era un actor político importante, pero no por esto se debe colegir que estos actos sean delitos políticos, sino que se encuentran enmarcados en orden de “delitos comunes”, por lo cual, este personaje ha sido en dos ocasiones juzgado, y goza de sentencia ejecutoriada.

Sin embargo, México y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente del Ecuador Rafael Correa, (quien en un acto que raya en traición a la patria, llama al mundo a castigar al Ecuador), y otros críticos del gobierno ecuatoriano, sostienen que se trató de un acto político destinado a perseguir a un opositor político y que, por lo tanto, debería considerarse un delito político. Si bien, no se justifica la irrupción en la embajada de México por parte de la policía ecuatoriana, también es necesario señalar enérgicamente que estas sedes diplomáticas no deben ser convertidas es espacios para la impunidad.

El Ecuador entero está en contra de la incursión a la Embajada mexicana en Quito, pero está consiente que Jorge Glas no es un perseguido político como se lo presenta, más cuando ha sido condenado por corrupción y tras cumplir parte de su condena fue liberado y, tiempo después fue llevado nuevamente a prisión y liberado nuevamente por un juez de quien se sabe que habría sido sobornado por la delincuencia, frente a esto las autoridades ecuatorianas revocaron su libertad condicional, lo que llevó a refugiarse el 17 de diciembre de 2024, en la embajada de México en Quito y reconocido como huéspedes de honor.

La captura de Glas se produjo después de que el presidente, mexicano, López Obrador hiciera aseveraciones inexactas sobre el magnicidio al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Para ser exacto con lo que pasó y para ser respetuoso con la memoria de Villavicencio. Lo que sostiene López Obrador está muy lejos de la realidad, lo que, ha merecido rechazo de la población y de sus familiares. Y para ser exacto, se asegura que lo que en realidad pasó, fue que una vez que la encuestadora CEDATOS lo ubicó a Villavicencio en el segundo lugar, esto desesperó a las filas del correato, que vieron peligrosamente el ascenso de Villavicencio y su posible triunfo electoral. Sin duda, esto fue el detonante de su asesinato, se asegura.

La reacción del Ecuador digna y soberana, frente tan alta intromisión en los asuntos nacionales por parte del presidente mexicano, es cuando decide declarar persona no grata a la embajadora mexicana en Quito. En represalia, López Obrador extiende el asilo político a Jorge Glas, por lo que Ecuador debía entregar sin protestar el salvoconducto para que pueda salir del país, frente a esto, la diplomacia ecuatoriana insiste a México que le entreguen a Glas y no es escuchada, por tanto, Ecuador revoca de hecho el salvoconducto y tiene lugar la incursión en la sede diplomática de México y se retiene al fugitivo, quien ahora deberá cumplir su pena en la cárcel y se espera que el gobierno se mantenga en su decisión y logre recuperar parte del dinero público robado.

La captura de Jorge Glas ha avivado el debate político en Ecuador sobre la corrupción y la impunidad. Su caso ha sido emblemático de los problemas que han afectado al país y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones y combatir la corrupción de manera efectiva. Además, la captura ha tenido implicaciones políticas internacionales, entre Ecuador y México, se ha generado tensiones entre ambos países y ha puesto a prueba su capacidad para resolver conflictos diplomáticos de manera pacífica y respetuosa.

Félix S. Pilay Toala

Profesor Universitario

Analista económico y político

Doctor, Economista, Magister en Administración Pública.

Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe)

Pilayfelix071@gmail.com