PSOE y Sumar acuerdan establecer por ley unos tiempos máximos de espera en la sanidad pública

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

PSOE y Sumar han acordado por ley unos tiempos máximos de espera en la sanidad pública, estableciendo 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia.

Además en el caso de la salud mental la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años, según señala el acuerdo de Gobierno de coalición, presentado este martes por ambas formaciones, que esgrime el compromiso de los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por conseguir una sanidad pública con más servicios y sin listas de espera.

Así se comprometen también a blindar la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), culminando la aprobación en las Cortes de la Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que ya aprobó el Consejo de Ministros.

Además, pretenden impulsar un plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado que permitirá a las CCAA aumentar plantillas, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios. Además de incrementar la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública (salud bucodental, salud visual, salud mental).

En concreto, garantizaran el derecho a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a servicios de atención a la salud bucodental y la salud mental, y audífonos; y proponen un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos.

"Aseguraremos el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad", afirma el acuerdo recordando que dentro del marco de un Pacto de Estado por la Salud Mental, se pondrá especial foco en las personas jóvenes, con un refuerzo de la ratio de especialistas en salud mental y un plan de medidas específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil.

PSOE y Sumar se comprometen a aumentar las plazas de sanitarios, así señalan que ampliarán las plazas de formación de medicina, enfermería y psicología en las universidades públicas, y las plazas de MIR, EIR y PIR. Además, de a impulsar el cumplimiento de la ley de estabilidad del sector público para disminuir la temporalidad de los profesionales sanitarios.

Por otro lado, se ponen como objetivo la renovación de la tecnología sanitaria para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica. Asimismo pretende seguir trabajando en la interoperabilidad entre Comunidades Autónomas en materia de sanidad como es el acceso compartido a historiales de salud y en las videoconsultas.

Por otro lado, señalan que entre sus objetivos comunes en la próxima legislatura se encuentra integrar las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento, y apostando por la medicina preventiva como vía indispensable para garantizar la salud de nuestra población y la sostenibilidad del SNS.

Por otro lado, se comprometen a desarrollar los instrumentos y políticas que garanticen el derecho a la alimentación saludable y sostenible, especialmente para la infancia y adolescencia, garantizando la protección de los menores frente a la publicidad de alimentos no saludables.

Así, aprobaran, en coordinación con las CCAA, una norma estatal para la mejora de la composición y calidad nutricional de los menús en los comedores escolares. La normativa, además, regulará la oferta en las máquinas vending y puntos de venta en centros educativos para que sea saludable.

Y con el mimo objetivo, desarrollaran un Plan de Fiscalidad Saludable para convertir las políticas fiscales en un activo para la salud, especialmente sobre aquellas conductas que son causa de la obesidad infantil.

Por otro lado, pretenden blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, garantizando a través de la Alta Inspección el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad y proximidad. Y, finalmente, se promoverá el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres, asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja.