​Modernización del Estado y probidad

De acuerdo con la Constitución Política, es deber del Estado promover el mayor desarrollo material y espiritual posible de las personas. Ello es así por cuánto todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y la institucionalidad estatal se encuentra al servicio de la persona humana.

Para alcanzar tan importante cometido, es necesario contar con un aparato estatal moderno. Idóneo, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos, que siempre resultan escasos ante las necesidades de la sociedad. La modernización comporta, por tanto, una necesidad instrumental.

En esa perspectiva, el ímpetu modernizador debe referirse no solo al aparato estatal, sino que también debe abocarse al fortalecimiento de las herramientas de control institucional de la actuación de los órganos y agentes públicos.

Con ocasión al debate público que se ha producido por el uso inadecuado de recursos públicos en la administración del Estado, se ha manifestado por distintos actores políticos que ello hace necesario actualizar el aparato estatal a los efectos de evitar que ocurran situaciones como las que han sido conocidas públicamente en el marco del Caso Fundaciones.

Ello puede resultar pertinente, pero en mi opinión es más apremiante y exigible que exista un acuerdo transversal en orden a fortalecer los medios de control jurídico, de gestión, político, financiero, entre otros, a los efectos de que la actividad estatal de la administración se adecue a los estándares legales y éticos que deben presidir la actuación de una institucionalidad que se encuentra al servicio de las personas.

La probidad, como principio constitucional que debe informar la actuación de los órganos de la administración del Estado, comporta el desempeño honesto y leal de la función o cargo público, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Constituye, como se advierte, un principio instrumental esencial para el correcto desempeño de toda función pública.

Ello impone la necesidad de contar funcionarios con real vocación de servicio público y hace absolutamente exigible que la organización cuente con instituciones contraloras modernas e idóneas para verificar la conformidad de su actuación conforme a parámetros de probidad, eficiencia, eficacia y legalidad.

Dr. Carlos Salinas 

Académico Escuela de Derecho 

Universidad de Las Américas