FNE presentó recomendaciones al TDLC para que el acceso a infraestructura en el aeropuerto AMB se asigne de manera competitiva y no discriminatoria
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) tres recomendaciones relacionadas con la administración del acceso a la infraestructura del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago para promover que, en el futuro, sea bajo condiciones competitivas para todos sus usuarios.
La FNE efectuó estas recomendaciones en el informe que aportó al TDLC en el marco de una consulta iniciada en abril pasado por Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A., pidiendo que el TDLC se pronuncie sobre si se ajusta al DL 211 la ejecución de la Resolución Exenta N° 152, de la Dirección Nacional de Aduanas, que autoriza a Menzies Agunsa Import Services SpA para prestar el Servicio de Gestión de Terminales de Carga de importación en el aeropuerto AMB.
En el informe, elaborado por su División Antimonopolios, que recayó sobre el servicio de operación de carga aérea de importación, la FNE identificó que existirían diferencias en los costos en que deben incurrir las empresas competidoras para acceder a la infraestructura del aeropuerto AMB y que la empresa entrante, Menzies Agunsa Import Services SpA, enfrentaría costos mensuales mayores por los sitios que ocupa en el principal terminal aéreo del país.
En el documento, la FNE señala también que es posible descartar que estas diferencias en las condiciones de acceso tengan la capacidad de generar distorsiones al proceso competitivo en el mercado investigado, y que dicha asimetría se originó en prácticas contractuales del anterior concesionario del aeropuerto AMB y que tienen efectos más allá de la duración de la concesión.
La primera recomendación realizada por la Fiscalía es que los contratos que exceden la duración de una concesión estén siempre acompañados de resguardos que permitan asegurar que las condiciones de acceso para otras empresas que actúan en el mismo mercado sean equivalentes y no discriminatorias durante la próxima concesión.
Una segunda propuesta es la creación de un repertorio público de los contratos celebrados entre la concesionaria y las empresas que operan en la concesión para que los interesados en participar en los servicios de operación de carga aérea de importación cuenten con información clara, idónea y suficiente al momento de participar en una licitación y/o realizar inversiones de largo plazo.
Por último, la Fiscalía propone que se evalúen periódicamente las excepciones a la obligación de licitar que se establecen en las bases de licitación de la actual concesión y en futuras bases, de manera que no incluyan servicios que, en la práctica, no pueden ser prestados por cualquier interesado en hacerlo, ya sea por existir limitaciones de espacio u otras restricciones.
Una vez que ya no sea posible garantizar el libre acceso, tales servicios debiesen asignarse de forma competitiva mediante una licitación, adjudicándose a la mayor cantidad de empresas para generar competencia en la medida de lo posible.
