Desorden

¿Quién ha leído el texto de la posible nueva constitución? 164 páginas con 499 artículos distribuidos en 8 capítulos y que deberemos aceptar o rechazar en el próximo plebiscito de septiembre. Ninguna encuesta ha preguntado si la han leído o no. Se supone que los encuestados se han informado debidamente para fundamentar el 54 % de desconfianza en la Convención Constituyente y un 45 % de rechazo al proyecto propuesto.

La Constitución es un estatuto de los derechos de los ciudadanos y las facultades otorgadas al estado para garantizarlos, a pesar de que algunos letrados restringen su concepto a la forma como se organiza políticamente el estado.

La estructura lógica indica que debiera comenzar por definir donde se aplica (Chile), a quien se aplica, chilenos y extranjeros residentes, para pasar a establecer el estatuto de derechos constitucionales y, en consiguientemente, cómo se organiza el estado para respetarlos de modo que la sociedad funcione en forma armónica. Lo que no ocurre con el actual proyecto, que sigue una lógica estatista.

El proyecto está dividido en ocho capítulos, partiendo por la democracia, el estado, sus características (plurinacional), el poder ejecutivo y legislativo, incluyendo un privilegio discutible como son los escaños reservados. En los capítulos siguientes los principios constitucionales, la división política y recién, en un cuarto capítulo, el estatuto de derechos, que debiera ser el primero, la carreta delante de los bueyes.

Le siguen el medio ambiente, animales y vegetales a los que se le asignan un derecho, no así a los minerales. La justicia a la cola en un desmerecido sexto capítulo y solo al final la educación y cultura. Un breve último capítulo los indígenas como si fueran extraterrestres.

Llama la atención disposiciones arbitrarias. Si todos somos iguales, por qué razón se le conceden privilegios especiales después de casi 500 años a los descendientes de quienes habitaban el territorio al momento del descubrimiento en 1536. Si la antigüedad de la ascendencia constituye un privilegio, estos debieran también extenderse gradualmente a los descendientes de la conquista, la colonia, la independencia… hasta el presente. Es obvio que así se crearía una desigualdad colisionando con el principio de igualdad.

De igual modo, establecer la restitución de tierras no pasa de ser algo romántico por cuanto no hay forma de determinar qué tierras y a quién deberá negársele el derecho de propiedad para restituírsela a descendientes sin indicar de cuántas generaciones. ¿Cómo se demostrará el derecho a que gozarán los “restituidos”? ¿A quién se le restituirá el cerro Santa Lucia, el Ñielol de Temuco, el Morro de Arica, el cerro Caracol de Concepción, lagos y ríos, etc.?

Hay otros preceptos discutibles como es el abuso de la paridad. Hombres y Mujeres son iguales en cuanto a sus dotes intelectuales. No hay razón para que determinadas funciones y cargos tengan que distribuirse paritariamente. Si una mujer puede ser ministra de deportes ¿Por qué un hombre no podrá ser ministro de la mujer?

Los cargos que exigen determinados conocimientos como jueces, ministros, directores de reparticiones públicas, y más recientemente oficiales de las fuerzas armadas y carabineros que no serán mejor servidos con el criterio de paridad. Lo lógico es el mejor, independiente del sexo y no 50/50. Por ejemplo, si los comandantes en jefes de las tres armas de la defensa deben ser paritarios entramos en un conflicto porque no habrá paridad, 2 a 1 o 1 a 2.

En cuanto a la tributación, se omitió que los impuestos directos recaerán sobre las rentas. No debieran existir impuestos sobre el patrimonio porque implica una doble tributación, primero cuando se pagó sobre las rentas ahorradas y luego sobre el patrimonio adquirido con esas rentas. Un ejemplo, a actual constitución estableció en el artículo transitorio sexto que debieran derogarse las contribuciones sobre los bienes raíces, puestos que implica una doble tributación agregando que una ley debiera derogarlo y establecer otra forma de financiar los municipios. Algo que nunca se hizo.

Otra disposición creará un conflicto sobre las aguas. Si bien el Código de Aguas las define como un bien nacional de uso público, en la práctica hay siempre un exceso de demanda sea para el consumo humano, agrícola, industrial u otros. La adjudicación requiere de alguna norma. En pasado fueron la merced de aguas que permitía a un usuario disponer de un determinado caudal, sustituida por los actuales derechos de aguas. Ahora se propone abolirlos y el estado asignará un caudal a cada usuario, en forma temporal, no comercializable, lo que repercutirá en una desvalorización de la tierra agrícola al quedar ésta sujeta a la discrecionalidad de la burocracia. En cambio, no ocurrirá tal como es el caso de los derechos de pesca.

¿Sobra o falta Agua? Lo primero, lo que falta, al igual que con el transporte terrestre, es la carretera hídrica, sea al pie de la cordillera o submarina, con lo que podrá abastecerla desde el sur hacia el norte. Hay proyectos sobre esa materia. Se estima que su costo será del orden de US $ 15.000 millones y mediante una concesión, al igual que las carreteras viales, permitirá incorporar miles de has de riego hasta cerca de Copiapó, además del destino para consumo humano e industrial.

De igual forma, la actividad minera quedará castigada por cuanto las concesiones mineras se otorgarán en forma temporal. Es un desincentivo no solo para la exploración sino también para su explotación. La izquierda logró estatizar la gran minería. ¿Volverá a ocurrir?

Hay muchos más aspectos criticables en el proyecto como el derecho de propiedad debilitado, se eliminó la propiedad de las patentes, quedando solo los derechos de propiedad intelectual; eliminación del estado de emergencia, desigual trato de la educación pública respecto de la privada, plurinacionalidad y pueblos originales que violan la igualdad ante la ley y muchas otras omisiones o normas incoherentes.

No hay duda de que estamos frente a un muy mal proyecto. No solo es la opinión de destacados constitucionalistas, sino que también por una mayoría de opinión pública proveniente de todo tipo de ciudadanos con diferente preparación y cultura.

De ahí que se ha resucitado el proyecto de la expresidente Bachelet y que fue ingresado al Congreso, donde duerme y ningún parlamentario o el propio gobierno atina a despertarlo y tramitar su aprobación. L

Los políticos prefirieron ignorarlo y gastar ciento de miles de millones de pesos en organizar un plebiscito, financiar una Convención Constituyente cuyo resultado ha sido mediocre, y llamar nuevamente a un plebiscito, pudiendo haber trabajado con el proyecto Bachelet.

Quienes han leído este último y el proyecto elaborado por la convención opinan que el primer es muy superior. Los políticos han botado a la basura ciento de miles de millones de pesos que bien podrían haber sido destinado a miles de viviendas disminuyendo el actual déficit que bordea las 600.000 unidades.

Javier Fuenzalida

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