Los culpables

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Luis Riveros

A partir de 1990 y por casi 30 años Chile experimentó un tránsito muy destacable hacia su desarrollo económico. Se han enumerado con insistencia los logros del país en términos de crecimiento, menor inflación, acelerada inversión, desarrollo del sector exportador y disminución de la pobreza, junto con mejoras pequeñas pero relevantes en materia de distribución del ingreso. Logros importantes que nos pusieron a la cabeza de Latinoamérica en temas económicos, y nos llevaron cerca de los límites que marcan la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. Por eso fue tan injusto cuando se hablaba de “los últimos 30 años” como una mala etapa en nuestra historia económica, mientras que las protestas iniciadas a fines de 2019, indicaban las materias que habían sido dejadas de lado. En efecto, la masividad de esas protestas se asociaba a las debilidades significativas presentes en nuestra realidad social y económica en aspectos referidos a salud, educación, seguridad ciudadana y sistema de pensiones. El reclamo versaba sobre el rezago que estas variables habían experimentado en las decisiones políticas sucesivas a partir de 1990.

La política dejó de lado esos temas porque en su mayoría respondían a condiciones de largo plazo, nunca consideradas dentro de las agendas cortoplacistas de un sistema político que privilegiaba los procesos eleccionarios antes que nada. Nuestros políticos no fueron capaces de diseñar un plan adecuado en las materias indicadas y, en particular, dejaron de lado la necesidad de recuperar una educación que el país necesitaba para evitar lo que hoy es ya un triste hecho: analfabetismo funcional, ignorancia diseminada por doquier, escasa formación valórica y nula formación ciudadana. En salud, pese a avances significativos, siguieron existiendo filas impresentables y condiciones desmedradas para atender a quienes acuden a la salud pública. Demás está decir que, también debido a la gestión de los políticos, el país se ha llenado de inmigrantes ilegales y ha cundido además, una delincuencia nunca antes vista, que venía en desarrollo durante esos 30 años de “éxito” en muchos campos relevantes. Asimismo, las pensiones nunca fueron objeto de un estudio y propuesta que ameritara discusión y decisión a nivel del parlamento nacional. La gestión de nuestros políticos se dedicó a vestirse de los éxitos que se estaban logrando en materias económicas importantes, pero se dejó de lado aquello que es esencial para el ciudadano, quien debía sentirse beneficiario de tales éxitos y no sólo parte de un fracaso persistente en nuestra realidad social. Junto a esto, la justicia no otorgó un castigo merecido a los hechos de corrupción y desatención de las reglas éticas mínimas que deben primar en una sociedad, creándose una idea de justicia favorable para los privilegiados.

Todo eso llevó a protestas generalizadas, que fueron también utilizadas por el extremismo para sembrar odio, destrucción y caos, amparado por los nobles principios inspiradores de las protestas iniciales. Los políticos, nuevamente, encontraron un camino para mal resolver las cosas, definiendo un cambio en la Constitución como lo central de un pacto para obtener la paz social. Posteriormente, permitieron la elección de una Convención Constitucional conformada en base a una representación poco democrática atendida la composición efectiva de la población chilena. En esas condiciones, nos encontramos, producto de todas esas situaciones condicionante y decisiones políticas, con un proyecto de nueva constitución que contiene de todo, pero mucho menos respecto del cómo abordar esos reclamos que existieron y siguen vigentes en nuestra sociedad. Se quiere refundar al país, redefinir su organización política y organización territorial, y hasta cambiar sus tradiciones e historia. Los reclamos que dieron origen a este proceso son sólo atendidos por declaraciones sobre derechos en materias que en muchos años no han sido resueltas. Así, la ciudadanía seguirá esperando por mejor educación, salud y pensiones y una mayor seguridad para el desenvolvimiento normal de sus vidas. Ese proyecto de nueva Constitución ha sido todo, menos un factor para lograr una mayor cohesión y justicia en nuestra sociedad.

Ahora los mismos que dieron lugar a todo esto nos quieren impulsar a nuevas estrategias para enfrentar los problemas surgidos del debate constitucional. Políticos de estirpe quieren viajar a decirnos que es lo que debemos decidir. Otros proponen salidas distintas en los escenarios del Apruebo/Rechazo ya acordado tempranamente. Todos ellos, privilegiando nuevamente sus propósitos políticos y electorales El país no puede escuchar a los verdaderos culpables del caos que vivimos, y debiésemos informarnos muy bien respecto la crucial decisión que se aproxima y las implicancias de la opción que se elija. No es justo permitir que las prioridades de los políticos y sus agendas sigan decidiendo nuestro futuro.


Prof. Luis A. Riveros