Cambio de mando: Adiós a una izquierda tóxica
El reciente cambio de mando puede leerse, en una primera aproximación, como una expresión normal de alternancia democrática entre proyectos políticos profundamente distintos. Sin embargo, reducir lo ocurrido a una simple oscilación electoral sería, a mi juicio, insuficiente. Lo sucedido en Chile parece responder más bien a un proceso de polarización sostenida, en el que una parte importante del electorado dejó de percibir la contienda política como una disputa de matices y comenzó a entenderla como una definición entre orientaciones de país sustantivamente incompatibles.
Esta idea se refuerza si se observa que la candidatura oficialista no fue la de una izquierda moderada en sentido clásico, sino la de una figura comunista de larga trayectoria, Jeannette Jara, que obtuvo una votación considerable. Ese dato no permite sostener que el electorado se haya limitado a castigar al gobierno saliente o a expresar un mero malestar antipolítico. Más bien revela que una fracción muy significativa del país continuó adhiriendo a un proyecto ideológico extremo, con lo cual la elección terminó reflejando no sólo alternancia, sino una fractura de preferencias políticas y culturales más profunda.
A partir de ello, la cuestión de fondo no es únicamente quién ganó la elección, sino por qué una mayoría estimó necesario corregir el rumbo. Mi impresión es que el triunfo de José Antonio Kast se explica, en lo esencial, porque una parte importante de la ciudadanía concluyó que el gobierno de Gabriel Boric no sólo administró mal una coyuntura compleja, sino que además tendió a relativizar la gravedad de los problemas que enfrentaba el país. En ese contexto, la demanda por orden, realismo y disciplina institucional adquirió una centralidad política que el oficialismo no supo advertir o prefirió minimizar.
El reproche al gobierno saliente no se agota en los casos de corrupción o en los déficits de gestión, aunque ambos fueron relevantes. A ello se añadió, una tendencia persistente a presentar la situación nacional mediante relatos más complacientes que reales. Esta distancia entre discurso y realidad terminó erosionando la credibilidad gubernamental. Cuando la ciudadanía percibe que las autoridades no sólo no nombran con precisión el deterioro de las finanzas públicas, la fragilidad institucional o el mal rendimiento de ciertas políticas sociales, sino que las fomentan, la desconfianza deja de ser un fenómeno coyuntural y se transforma en un juicio político general sobre la capacidad de gobernar.
Desde una perspectiva económica, el contraste resulta especialmente significativo. Chile contó durante décadas con una regla fiscal y con una cultura de prudencia macroeconómica que permitieron amortiguar mejor que otros países los ciclos adversos. Esa tradición descansaba en una idea sencilla: ahorrar cuando las condiciones externas son favorables y preservar capacidad de respuesta para los periodos de desaceleración, recesión o crisis. Las economías de mercado no eliminan los ajustes; los atraviesan. Precisamente por ello, requieren instituciones que absorban sus costos sin desordenar las cuentas públicas ni comprometer la solvencia del Estado.
Por lo mismo, resulta particularmente problemático que el país haya llegado al término del gobierno de Boric con un cuadro de mayor estrechez fiscal, pese a haber contado con un contexto impresionantemente favorable para exportaciones estratégicas como el cobre y el litio. La objeción principal no consiste en sostener que Chile pudo sustraerse por completo de las restricciones internacionales o domésticas, sino en advertir que una coyuntura externa comparativamente favorable no fue aprovechada para robustecer la posición fiscal, recomponer holguras y elevar la capacidad de respuesta ante futuras contingencias, ni mejorar las políticas públicas.
En términos más amplios, el problema no fue sólo económico. También hubo una sensación de fragilidad institucional durante los primeros años del gobierno, asociada al impulso de una propuesta constitucional que, para una parte importante del país, alteraba severamente el equilibrio de la tradición democrática del país. Más allá del juicio definitivo que cada uno tenga sobre ese proceso, su efecto político fue claro: Amplificó la percepción de que sectores relevantes de la izquierda estaban dispuestos a tensionar las bases institucionales del sistema en nombre de un programa refundacional, y echarse a los brazos del chavismo latinoamericano. Esa percepción ayudó a consolidar la demanda por estabilidad, límites al poder y revalorización de las instituciones existentes.
Si a ello se suman el deterioro de las listas de espera en salud, las dificultades de financiamiento en educación superior, el déficit habitacional y una percepción creciente de inseguridad, resulta comprensible que una parte mayoritaria del electorado concluyera que el país estaba siendo administrado de manera deficiente. Lo decisivo, en este punto, es que la crítica ciudadana no pareció dirigirse únicamente a errores aislados, sino a una forma de gobernar: una que combinó ambición ideológica, debilidad de gestión y una evaluación excesivamente benevolente de sus propios resultados. Señalado en palabras simples, un parte importante del país se sintió engañado.
Conviene agregar que esta responsabilidad no recae sólo en la izquierda más dura. Una parte de la centroizquierda, especialmente aquella con mayor influencia pública e intelectual, contribuyó también a normalizar el deterioro. Lo hizo al validar interpretaciones que minimizaban la magnitud del problema fiscal, relativizaban el desorden institucional o reducían las críticas a meras estrategias opositoras, y sobre todo a validar en el espacio público a partidos no democráticos, como el Partido Comunista. El efecto acumulado de esa actitud fue serio: Rebajó los estándares con que debía evaluarse la acción gubernamental y debilitó la posibilidad de una autocrítica oportuna dentro del propio oficialismo. Durante todo el período el presidente Boric se apreció una orfandad del pensamiento de centro izquierda.
Por eso, el cambio de mando no debiera leerse simplemente como una alternancia ordinaria. Constituye, más bien, un juicio político severo sobre la izquierda chilena. El nuevo ciclo no asegura por sí mismo una rectificación exitosa ni exonera a la nueva administración de sus propias cargas y responsabilidades. Pero sí revela que una mayoría significativa ya no le otorga credibilidad a un sector que en el pasado fue importante.
En definitiva, lo más inquietante del periodo que termina no fue únicamente el deterioro de determinados indicadores, sino la tendencia a naturalizarlos. Cuando una democracia se habitúa a convivir con el debilitamiento fiscal, la mediocridad en la ejecución de políticas públicas o la erosión progresiva de sus contrapesos institucionales, empieza también a rebajar sus exigencias respecto de quienes gobiernan. Y cuando eso ocurre, la política corre el riesgo de dejar de ser una deliberación racional sobre el bien común para convertirse en una pugna de relatos cada vez más desvinculados de la realidad. En ese sentido, el reciente cambio de mando expresa algo más que una rotación en el poder: expresa el enorme desprestigio de la izquierda.
Rodrigo Barcia Lehmann
Abogado, doctor en Derecho y magíster en Economía.
Profesor investigador Universidad Autónoma de Chile.
