Viviendas para indigentes

El país y el estado chileno enfrentan un delicado dilema. La pandemia no solo produjo una recesión de la que ya estamos saliendo, pero además, aumentó la pobreza e indigencia. A ello se le suman suma los inmigrantes clandestinos principalmente desde Venezuela, en su mayoría en situación precaria Es un hecho.

En 2019 el presidente desde Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, invitó a los venezolanos a venirse a Chile. Así ha sucedido y hay que cumplir, tengan o no visa. En promedio, estos inmigrantes exhiben más años de educación que el chileno medio. Sin embargo, hay un buen número de personas y familias modestas que virtualmente llegaron “con lo puesto” y que se agrega al número de chilenos que no tienen vivienda.

Existen 81.700 familias que sobreviven en campamentos de las que 25.000 son inmigrantes. Por el norte del país, en particular Colchane, ingresan cerca de 200 inmigrantes clandestinos por día. Probablemente los 500.000 venezolanos que se han venido a Chile esperan un mejor futuro que el que tenían en su propio país como así mismo peruanos, bolivianos, colombianos y ahora no tanto haitianos.

La corriente migratoria clandestina ha generado dos problemas. Uno inmediato, las condiciones paupérrimas en que se encuentran en sus primeros días, semanas o meses en el norte, particularmente en Iquique, donde se estima que deambulan cerca de 3.000 inmigrantes y que fueron objeto de ataques incivilizados y violentos en días pasados (¿hubo atacantes detenidos y procesados?). El segundo, las perspectivas y esperanzas sobre el futuro próximo de los inmigrantes.

Respecto del primero, es cierto que las ciudades del norte como Iquique, con una población de 230.000 habitantes o 55.000 familias, no estaban preparadas para convivir con una multitud de inmigrantes ilegales viviendo en las calles de la ciudad. Las autoridades y dirigentes locales no han atinado a dar una solución, aunque sea de urgencias, como, por ejemplo, destinarlos a ocupar temporalmente sitios y establecimientos públicos y privados.

Hay bienes fiscales y municipales como sitios eriazos, colegios que no están funcionando debido a la pandemia, bodegas, un estadio recién remodelado y quizá cuántos establecimientos fiscales que pueden albergarlos transitoriamente. El estado, como es habitual, enredado en una burocracia negligente y papeleos no hizo nada inteligente y recién comienza a moverse ante los sucesos acaecidos.

Los cristianos disponen de cinco templos católicos y una veintena de otros de otros credos, principalmente evangélicos, que podrían recibirlos por las noches, pero sus pastores han olvidado la práctica de la caridad, una de las tres virtudes teologales.

¿Cree Ud. que Dios castigará a pastores por permitir que los inmigrantes se instalen provisoriamente en los templos?

La segunda etapa es dónde instalarlos en forma definitiva, algo que requiere una redistribución del gasto público.

Proporcionar viviendas a quienes viven en los campamentos es factible considerando que el valor de una vivienda social mínimas, incluyendo terreno y urbanización, es del orden de UF 2.000 o US $ 75.000. En algunos países el estado las arrienda o las venden con créditos hipotecario subsidiado. En nuestro caso, 81.700 viviendas significan una inversión social del orden de US $ 6.100 millones, equivalentes a un 27 % del costo del IFE (US $ 22.000 millones en 2021).

El estado es propietario de un gran número de sitios urbanos eriazos ociosos que cada ministerio o repartición pública los tiene celosamente escondidos para que no se los quiten y se traspasen a bienes nacionales para darle un buen destino, viviendas sociales. La burocracia es como el perro del hortelano en acción. Si los aporta, el valor de UF 2.000 por vivienda puede bajar.

¿De dónde saldrán el resto de los fondos? Cabe señalar que el IFE no tiene límites. El gasto total podría llegar a US $ 21.000 millones este año. Si se excluye el millón de familias que componen el nivel socioeconómico ABC2 y C2, el IFE ampliado se reduce en US $ 3.750 millones, por lo que habría que buscar los Us $ 2.350 millones en otras fuentes, algo que no es difícil para el estado que cuenta con recursos más que suficientes para que la población de extrema pobreza, chilenos e inmigrantes, reciban una vivienda. Ese faltante representa apenas el 0.0039 % del presupuesto fiscal para 2022.

Pero la inoperancia estatal dirá que no hay recursos o los políticos que concurrirán a elecciones en dos meses más preferirán prometer a sus electores algo que sea notorio a nivel individual. Es una realidad política. Pero, con todo, hay otras fuentes intocadas. El estado puede vender a los particulares, en forma individula o a la AFP, fondos de inversiones, fondos mutuos , gremios y otro tipo de instituciones, parte de las acciones de empresas como Bancoestado, Codelco, Enap, TVN, Asmar, Famae, Enaer, Cotrisa, Enami, Zofri, Correos, Polla, Puerto Madero Impresores y quizá cuántos servicios públicos privatizables existentes, algunos de dudosa utilidad y que están más o menos escondidos.

No es necesario vender el 100 %, sino una proporción que asegure una mayoría del estado en caso de que así se estimare necesario, a pesar de que, en el pasado, se privatizaron totalmente cerca de un centenar de empresas creadas o que habían quedado en manos del estado como Endesa, CTC, CAP, Soquimich, Forestal Arauco, Forestal Pilpilco, Inforsa, Celco, Celulosa Arauco, Inacesa, Pesquera Arauco, Pesquera Tarapaca, Manesa, Sochif, Fassa, Elecna, Ecom, Socoagro, Chilectra, Ramsones, Cormecánica, Honsa, Chilefilms, Entel, Curtiembre del Norte, Mantos Blancos, Sosaf.

También se recurrió a las licitaciones de vías y comunicaciones, puertos y otras a fin de destinar una parte importante de los recursos fiscales al gasto social, iniciativa que puede continuar.

¿Se vino abajo el país? Muy por el contrario, hubo un gran progreso.

Hoy, cerca de US $ 40.000 millones están depositados e invertidos en depósitos a plazo y de ahorro, fondos mutuos y fondos de inversiones. Han crecido debido a una parte importante de los tres retiros y presumiblemente, si hay un cuarto, ese valor aumentará. No hay que desechar la oportunidad de ofrecerlos para que sus dueños pasen a ser propietarios de acciones de empresas estatales cuyo retorno es muy superior a las tasas de intereses vigentes de los activos financieros de renta fija.

Estamos a dos meses de elecciones presidenciales y parlamentarias y los candidatos proponen vaguedades. No he escuchado de ninguno de los pretendientes a presidente o parlamento que se haya dado el trabajo de hacer sus cálculos, argumentando que el presupuesto fiscal no lo permite. Sin embargo, los números anteriores señalan que es posible sin tener que amenazar a los contribuyentes con aumentos de impuestos, solución ineficiente pero simplista a que recurren los políticos y que les ahorra pensar.

Chile y su población siempre ha estado atento en acudir en ayuda a los necesitados en otros países ante tragedias, terremotos, conflictos. Los cascos azules han participado en misiones de paz en una decena de países. Los gastos siempre corrieron por parte nuestra. No hay Winipeg ni algo que se parezca. Hoy estamos frente a una emergencia y la ONU y sus numerosas instituciones, entre otras, una dedicada supuestamente a ayudar a los migrantes, brilla por su ausencia. Solo se hablan, pero no producen resultados tangibles ¿Qué esperan?

Javier Fuenzalida A.

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