A la chuña
En 2012 había 478 programas sociales en ejecución. El año pasado aumentaron en casi un 50 %, a 684. Un reciente lato informe de 60 páginas de la Dipres presenta la evaluación de tan solo de 17 de estos 684 proyectos, trabajo que estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. El gasto en 2020 alcanzó a US $ 3.269 millones y la suma de este gasto en los 10 últimos años, US $ 33.816 millones.
La Evaluación practicada es cualitativa y examina el diseño, la implementación, eficiencia y los resultados obtenidos. Cada categoría se clasifica en cuatro niveles cualitativos de desempeño: bueno, medio, bajo y malo. Pero de dinero y población beneficiada, nada.
Cuando se estableció el sistema de evaluación de los programas, primero por parte de Odeplan y después Ministerio Planificación, el análisis se practicaba según a la metodología de evaluación social de proyectos en que el indicador de rentabilidad más importante es la tasa de retorno social. Sin embargo, esa metodología fue abandonada hace 20 años. Nunca se dio una razón para ello, pero era evidente que a ningún gobierno le gusta aparecer como ineficiente, y botarata. De ahí que es altamente probable que una parte importante de los proyectos púbicos sigan mostrando una muy baja rentabilidad, incluso negativa, contrastando con la rentabilidad de la inversión privada. La conclusión es que los recursos del ahorro nacional rinden socialmente más en el sector privado que en manos del estado.
Así, se optó por confeccionar un manual de evaluación, que es el que hoy se usa, cuya metodología excluye la rentabilidad social para ser sustituida por indicadores cualitativos subjetivos, por mucho que los evaluadores sean seleccionados por concurso público. Este tipo de análisis ignora el costo/beneficio, la rentabilidad social de la inversión estatal en proyectos públicos ¿Qué significa que un programa sea bueno, más o menos, bajo, malo? ¿Qué su rentabilidad social del 10 %, 5 %, 2 % 0 %, negativa - 5 %, - 10 %...?
La cuenta anual del presidente de la república y la que cada ministro entrega respecto de su ministerio, evita el tema en que 684 programa ya han consumido US $ 33.000 millones de los contribuyentes. Es más, el informe de la Dipres recomienda que los proyectos subjetivamente mal evaluados o se corrijan ineficiencias o bien se eliminen del próximo presupuesto, consejo que es sistemáticamente ignorado. El informe omite señalar cuáles proyectos se mantuvieron a pesar de la mala calificación.
De los 17 proyectos de un total de 684, ninguno fue calificado como “bueno”, apenas 6 como de desempeño medio, 6 con desempeño bajo y 4 con mal desempeño y uno no fue evaluado por no contener una descripción previa. En cuanto al diseño, 7 de 14 se juzgaron como buenos. Respecto de la implementación solo 2 resultaron ser aceptable. Tratándose de eficiencia, 2 se consideraron buenos y según los resultados obtenidos solo 4 se clasificaron como como suficientes.
Dos programas, el Fondos de Innovación para la Competitividad Regional (rimbombante nombre) a cargo de la Subdere y el Subsidio Nacional al Transporte Público, no fueron evaluados porque no contar con una “matriz lógica de evaluación”, esto es fueron aprobados al tun-tun por los ministerios correspondientes, gastando fondos sin las respectivas bases.
El papel aguanta todo, pero cuando se procede a realizar el trabajo, las ideas comienzan a cojear, y finalmente un reducido número se consideran con un resultado suficiente, pero ninguno como bueno.
El Ministerio de Educación ha gastado el 40 % de esos recursos, seguido de cinco ministerios, salud, justicia, vivienda, desarrollo social e interior pero que no han logrado sobrepasar su nivel de mediocridad.
Algunos de estos programas ya son bastante viejos, por ejemplo, el de los Jardines Infantiles data de 1990 (Juni, Integra) se han gastado US $ 450 millones y cuya evaluación es de desempeño medio. Más o menos no más.
Ningún presidente o ministro de educación ha logrado torcerle la mano a la burocracia ni menos aun al Colegio de Profesores. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño de 1989 no conmueve a la burocracia educacional y el estado no ha logrado convencer a los padres de familia la imperiosa necesidad de enviar a los niños a los jardines (49 % no asiste), lo que tendrá consecuencia desbastadora para el futuro de esos niños que no lograrán superar los niveles inferiores de la distribución del ingreso. Al respecto la economista Cecilia Cifuentes, en una reciente entrevista en El Libero, explica claramente la condena eternamente de quienes no asistieron a los jardines infantiles.
En el otro extremo, el programa de asistencia para los adultos, iniciado en 2009, sufre de deficiencias funcionales. Solo se le aportaron US $ 4 millones y se le reputa como, fracasado, calificado con bajo desempeño.
El ministerio de transporte se lleva todos los laureles de la ineficiencia. Desde el 2009 se ha gastado US $ 1.200 millones con un desempeño malo y compite en ineficiencia con el ministerio de la vivienda que ha malgastado US $ 860 millones en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda para 52.647 viviendas entre 2016 y 2019. La TV muestra en estos días las viviendas recientemente entregadas a las familias de bajos ingresos que, frente a la primera luvia, se pasaron, goteras, techos mal hechos, rajaduras, filtraciones en las paredes. Un insulto a la gente modesta.
El ministro del ramo ha guardado un culposo silencio junto a las autoridades comunales y las constructoras que hicieron tan desastroso trabajo.
El informe de la Dipres no es una novedad. Anualmente desnuda la ineficiencia pública. La gran duda es si tan solo esos 16 programas revisados suman US $ 3.269 millones ¿Cuánto es el gasto en los 661 restantes no incluidos en el citado informe? El gasto promedio de los 16 fue de US $ 204 millones. Estimar el gasto total de los 684 por medio de ese valor medio se llegaría a US $ 139.752 millones en los 10 años, casi un 30 % del PIB anual. Parece imposible, pero con un presupuesto fiscal como el actual de US $ 90.000 millones andaríamos cercano.
En todo casi es un lujo oriental para un país de ingreso medio como Chile. La ineficiencia no tiene justificación. Es por ello que no son pocos los que opinan que hay que achicar el estado en Chile para realizar las mismas tareas con menores costos. Los recursos así liberado que quedarían ahora en manos de los contribuyentes gozando ahora de un mayor bienestar y con un estado razonablemente eficiente.
¿Qué dicen la docena de candidatos a la presidencia al respecto? Silencio absoluto. Tema tabú, No se habla de ello. La mascarilla anticovid les tapan también las neuronas.
Javier Fuenzalida A.
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