Conviviendo con (¿aceptando?) la maldad

Vivimos días muy difíciles, y sus tribulaciones se transmiten directamente a nuestros niños, quienes se enfrentan a la necesidad de adaptarse a una sociedad de incertidumbre y temor. Actos vandálicos son catalogados por muchos como acciones de “protesta”, aunque nunca está bien especificado porqué y ante qué. Pero son acciones que tienden a instalar la idea de una cierta normalidad circunscrita en una artera violencia, con intimidación y destrucción de la propiedad privada y pública, y de la propia vida en comunidad. Son ya cosa cotidiana, y se habla, por ejemplo, de las “protestas” de los días Viernes en Plaza Italia, que son un remedo de las acciones que tuvieron lugar allí como una genuina expresión de malestar ciudadano. Ahora se trata simplemente de destrucción, a la cual nos acostumbramos y hemos llegado a acomodar las agendas personales y sociales a la ocurrencia de tales eventos. O sea, tal y como sucedió con otra secuencia de actos vandálicos (Instituto Nacional, año 2019, por ejemplo), la ciudadanía empieza a aceptarlos como una especia de obligado ritual de la vida social, y se tiende a convivir con las desgracias que ocurren con el respeto por el otro y la consagración a una sana convivencia dentro de la cual se puedan discutir las diferencias. Eso es cosa del pasado: de la institucionalidad republicana que aparentemente se quiere repudiar. Hoy día se impone la violencia como una cierta lógica o práctica social, ante una ciudadanía que ha perdido la capacidad de asombro frente a actos delincuenciales que eran otrora impensados (por ejemplo, incendiar iglesias y edificios universitarios, destruir hoteles y restaurantes, agredir a personas inocentes y arruinar para siempre a muchos pequeños empresarios y comerciantes). Sin lugar a dudas, los actos de corrupción y los castigos leves a los delitos de cuello y corbata, hacen que estas acciones cobren un cierto valor de “vuelta de mano”, o de inevitable acomodo al delito que parece ser inevitable.

Pero es mucho más que eso. La delincuencia común nos tiene completamente invadidos y hemos ya perdido hasta la capacidad de reaccionar. En verdad, la amenaza delictual está destruyendo y paralizando muchos aspectos de la vida ciudadana normal. La policía parece no dar abasto y la ciudadanía se encuentra crecientemente en situación de indefensión. Los asaltos, portonazos y encerronas se han enseñoreado en nuestro país, haciendo a las zonas urbanas el escenario frecuente para estas acciones delictuales. A esto se suma el terrorismo que campea en el sur, y que condena a la vida rural a un permanente estado de amenaza. A raíz de que muchos de aquellos quienes son aprehendidos por la policía, gozan de inmediata libertad por parte de nuestra debilitada justicia, se incrementa la verdadera multitud de malhechores. Esta dotación de maldad parece incrementarse linealmente en la medida en que crece la población inmigrante ilegal y se multiplican los problemas sociales derivados de lo mismo, y su artera utilización política. Ciertamente, la creación de un nuevo Ministerio no es la solución a este problema urgente; a lo mejor lo que se necesita es una reforma al propio Ministerio del Interior, para reforzar la toma de decisiones y coordinar mejor a las policías y al Poder Judicial en una tarea que debe ser de todos. Multiplicar el número de Ministerios parece favorecer más al incremento de gastos (y empleos) que a ninguna otra cosa que redunde en mayor seguridad para la ciudadanía.

En días recientes, una niña pequeña fue vilmente asesinada con motivo de una encerrona en que un grupo de delincuentes se apoderó del automóvil de su madre. Asimismo, un lactante murió a balazos en la costa por una acción de “toma”. Del mismo modo, en Cerrillos, una mujer fue asesinada con varios balazos para así sustraerle el dinero que recientemente había obtenido del banco. O sea, la delincuencia no discrimina ni por edad ni por sexo, y simplemente arremete con todo el salvajismo posible para cumplir con su nefasta tarea. Y son diarios los reportes de acciones delictuales en desmedro de ciudadanos comunes y corrientes, jóvenes y viejos, de sectores acomodados o más bien carentes, de distintas comunas y ámbitos geográficos. Ya ni siquiera se informa en la prensa de este tipo de acciones, que han pasado a ser cotidianas y, en cierto modo, irrenunciables para la vida civil. Todos son víctimas de este verdadero cáncer social, que deberíamos extirpar para poder volver a vivir en paz. La delincuencia, al igual que la violencia en la vía pública, nos quiere acostumbrar a vivir en total incertidumbre. Lo malo es que muchos de quienes sienten la indefensión, también están abogando al derecho de defenderse por si mismos. Lamentable epílogo para una tragedia que venimos viviendo en directo durante los últimos años, y frente a la cual ya no bastan las declaraciones de prensa, las visitas a los deudos ni las querellas “contra quienes resulten responsables”. El país espera mucho más de la autoridad establecida, cuya obligación es defender la vida y el patrimonio de toda la ciudadanía.

Prof. Luis A. Riveros