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La política ha fracasado. Gobernaron para el interés partidario y su clientela y si sobraba tiempo, para el país. Las leyes demoraban 5 a 10 años en aprobarse. La de gobernadores regionales 6 años y aun incompleta porque no se ha definido las facultades y los recursos con que contarán. Serán gobernadores de papel. La reducción de la dieta parlamentaria ( 21.233) 6 años y aún hay mucho que tijeretear. La que elimina la reelección de autoridades 14 años, no porque no fueran complejas en demasía, sino porque el tiempo de trabajo de gobernar se destinaba a diálogos y debates improductivos: dedicarse a las acusaciones constitucionales, al chorlito, bingo, decretar el día del rock chileno, etc. Pero el día de la constitución seguía en espera. Bachelet gastó una fortuna en preparar un proyecto basado en los cabildos populares, pero no pasó de ahí, mandó el proyecto la última semana de su mandato. La previsión, salud, vivienda, educación, no se logró tornarla eficiente y productiva en beneficios de la población. Es más fácil dictar y reditar leyes ya existentes y culpar al modelo por la lentitud en luchar contra la desigualdad.

Pero llegó el violento 18 de octubre del año pasado seguido del pacífico 25 del mismo mes (con escaso impacto). Los políticos se asustaron tanto que pensaron que dictando una nueva constitución se resolverían todo aquello que no lo hicieron en 30 años. Simplismo abismante. Entre el 2000 y el 2020 hemos tenido 6 elecciones de 198 congresales que nos cuestan $ 130.715.092.000 por años (US $ 170 millones), en 20 años son US $ 3.400 millones y se dejó de construir 120.000 viviendas, la mitad del déficit habitacional del país. No quiere decir que no debe existir el congreso para resolver el problema habitacional, sino que, si fuera más eficiente en su trabajo, no necesitaríamos dos cámaras con 200 congresales ni con sus faraónicas remuneraciones y podríamos haber incrementado el gasto social (educación, salud, vivienda, previsión). Igual cosa con la ineficiencia estatal.

El Plebiscito impulsó además otro castigo peor. Los enmudeció. Ningún parlamentario podrá integrar la Comisión Constitucional porque la contaminarían con su ineficacia, soberbia y disputas interminables. Ha transcurrido una semana y los medios de comunicaciones no han nombrado más a ningún político. No los entrevistan, ni solicitan sus opiniones. Están en cuarentena verbal consecuencia de los malos hábitos. Doña Beatriz Sánchez ha enviado a no se quien una carta en la que entre líneas quiera meterse en la Asamblea Constituyente. Los partidos quieren incorporar a los independientes en sus listas para la Asamblea, obviamente pensando que los podrá manejar.

Esto explica el tremendo éxito del plebiscito. La ciudadanía se cansó de ser tramitada como cuando se pide hora a un médico en el sistema público o se debe esperar tres o cuatro años para extraerse un tumor. Ahora será ella la que elabore y proponga una nueva constitución, asesorada por los constitucionalistas y no por los activistas políticos.

El Knock Out ha sido total.

Javier Fuenzalida A.

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