Crisis, nueva Constitución y visión prospectiva

Una mirada desde la Prospectiva y los Estudios de Futuros a la actual crisis social y política que vive Chile, y en particular al proceso constituyente que se inicia con la promulgación de la reforma constitucional y la emisión del decreto presidencial, nos permite hacer algunas consideraciones en cuanto a lo que ha faltado y lo que no debe faltar en la gobernanza del país, y que en mi opinión debería tenerse en cuenta por los constituyentes.

Desde que se iniciaron en Chile las protestas, desmanes y represión consiguiente, ya se ha escrito mucho, a nivel nacional como internacional, sobre las causas del estallido y el manejo político e institucional de la crisis. La mayoría de las crónicas y artículos de opinión coinciden en tres cosas: una, que había una olla de presión que estallaría en cualquier momento, debido a demandas insatisfechas y una desigualdad creciente que se volvió intolerable. Ahora quienes miraron los toros desde la barrera, dicen que era un estallido anunciado; dos, que lo sucedido -que de hecho aún está en desarrollo y no acaba por concluir- tomó a todos por sorpresa. Y tres, que los enfoques, métodos e instrumentos de control de convulsiones sociales están obsoletos, y por lo tanto son inútiles, pues no corresponden a las características de los movimientos sociales ni las conductas de grupos heterogéneos en una sociedad mas compleja y digitalizada.

Primera consideración: falta de una inteligencia política y de prospectiva estratégica en la gobernanza del país. Los datos estaban ahí desde hace décadas, las señales y luces amarillas fueron constantes, numerosos estudios revelaban las tendencias y las experiencias de otras latitudes en la articulación de las demandas. No obstante, no hubo un procesamiento adecuado de todo ello, que permitiera la anticipación y visualización de los escenarios posibles que emanaban de tanta información, ni menos aún la construcción de un escenario deseable al que apuntar. Los gobiernos deben ser capaces de leer y analizar la realidad, prevenir, anticiparse, y sintonizar la institucionalidad con la sociedad para construir el futuro. Hemos carecido de una capacidad instalada en el Estado, autónoma y políticamente sustentada, como puede ser una unidad especializada de prospectiva estratégica, al más alto nivel político, encargada de mostrar tendencias y escenarios al poder político para su toma de decisiones. Tampoco los partidos han tenido esta preocupación.

Segunda consideración: está muy claro ya, que ha habido un punto de inflexión, y la relación ciudadana con el poder ya no será la misma. Se ha llegado a un punto de no retorno, que exigirá mucha capacidad política para darle forma a esta nueva relación, que dependerá esencialmente de la articulación de soluciones de fondo, estructurales, a la demanda que emergió en octubre, que dejó al descubierto no solamente los componentes de una desigualdad multidimensional, sino la desconexión entre la institucionalidad del estado y la gestión pública con el nuevo tipo de ciudadanía surgida de la era digital.

Tercera consideración: todo indica, especialmente luego de la exitosa consulta ciudadana promovida por la Asociación de Municipalidades, y lo que indican las encuestas serias, se ha llegado al consenso de que Chile necesita, después de casi 30 años desde la recuperación democrática, un pacto social con un nuevo marco constitucional, que se cimente bajo principios de garantías sociales modo siglo XXI. La experiencia de la globalización, tanto en Chile como en el exterior, muestra suficientes sombras junto a sus luces, como para entender que los parámetros de bienestar del pasado ya no son suficientes. Se requiere un Estado más fuerte para asegurar las pensiones amenazadas por el crecimiento sin empleo y el reto demográfico, una nueva educación, buena sanidad universal, protección frente a los abusos, eliminación de los privilegios, y que sea capaz de garantizar la paz ciudadana aislando y controlando los focos de violencia del lumpen y otros grupos que surgen a la zaga de las demandas sociales o son alentados por el narcotráfico y el terrorismo. Y sobre todo, o en la base de todo, respeto a la diversidad y la dignidad de cada persona.

Cuarta consideración: si el consenso político, atizado por las movilizaciones, para un pacto social y una nueva constitución no se basa en un escenario de futuro deseable y posible, teniendo en cuenta los desafíos de esta nueva era en la que hemos entrado globalmente, ese pacto y la nueva constitución serán una solución de coyuntura que entrará prontamente en tensión con la realidad, con iguales o peores consecuencias que las actuales. Por ello, hace falta que el gobierno y los partidos, los sindicatos, empresarios, ongs, toda la sociedad civil, sepan leer este despertar cívico y pacífico en clave de futuro, creíble y sustentable. Y en este sentido, debemos ser capaces de crear un escenario de futuro para Chile en el que se sustente el pacto social y la constitución. En especial los partidos políticos y las organizaciones sociales y académicas, deben propiciar que la constituyente que surja el próximo año disponga de un enfoque prospectivo, se utilicen las modernas metodologías de prospectiva estratégica que permiten anticipar escenarios, reducir la incertidumbre y crear y escoger el punto de llegada al que deben apuntar las polñiticas públicas. Asimismo, en lo formal, la nueva constitución debería establecer un espacio institucional para que el Estado cuente con un dispositivo de gobernanza anticipatoria, de lo que existen modelos y experiencias en muchas partes del mundo.

Héctor Casanueva

Vicepresidente Ejecutivo del Foro Académico Permanente de

América Latina y el Caribe-Unión Europea (FAP ALC-UE)

Profesor-Investigador del Instituto Universitario

de Investigación en Estudios Latinoamericanos

IELAT, Universidad de Alcalá.

Director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia

Fundador-Presidente del Millennium Project

Global Futures Studies & Research (Chile)