Comisión Investigadora de la situación de la U. del Pacífico votó informe de consenso

Tras cuatro meses de trabajo, la comisión que investigó los actos de organismos públicos relacionados con la actual situación financiera de la Universidad del Pacífico votó el informe que logró una redacción de consenso en la mayoría de sus párrafos y que contiene las conclusiones de su trabajo junto a recomendaciones.

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición coinciden en una crítica al actuar del Consejo Nacional de Educación (CNED), que logró revertir la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de no renovar la acreditación de esta casa de estudios.

Para el presidente de la instancia, diputado Gonzalo Winter (IND), si bien la CNA no dio las alarmas necesarias frente a la crisis de la universidad, al menos no otorga la acreditación. "Pero el CNED revierte esa decisión y convence a la comisión de acreditación con cosas que escapan de toda lógica”, acotó.

Frente a esto, la instancia acordó señalar la necesidad de que se asuman la responsabilidad política los integrantes del CNED que promovieron este cambio.

Frente al rol del Ministerio de Educación en este conflicto, quienes integraban la comisión tuvieron miradas diferentes. Por un lado, el diputado Winter señaló que si la cartera, durante el gobierno anterior, “hubiese iniciado la investigación apenas tuvo los antecedentes que ya se discutían en la CNA y en el Consejo, nos podríamos haber adelantado a esta crisis y no dejar que la familia Ortúzar se llevara toda la plata”.

Además, se criticó que la División de Educación Superior tomara acciones antes del nombramiento de un administrador de cierre.

Frente a ello, el diputado Jaime Bellolio (UDI) señaló que este actuar pretendía evitar quedarse esperando seis u ocho meses antes de tomar contacto con instituciones que estuvieran acreditadas en más de cuatro años, con el fin de ofrecer alternativas a los estudiantes.

Dentro de las conclusiones también se sugiere que se tramite con mayor urgencia el proyecto de ley que tipifica el delito de lucro por sociedades sin fines de lucro, además de evaluar una querella por parte de la Cámara de Diputados contra la familia Ortúzar (dueña de la universidad).