Crece la trama por caso de espionaje en España: Anticorrupción investiga a BBVA
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido actuar de oficio en el caso de BBVA y su relación con el ex comisario José Manuel Villarejo. Así, los trabajos del presunto espionaje ilegal que realizó el excomisario para el entonces presidente de la entidad, Francisco González, se han incorporado a la causa general abierta que tiene Villarejo, en prisión, en la Audiencia Nacional.
Tal como constató el portal español EconomíaDigital.es, la entidad bancaria le habría ordenado al excomisario que controlara los movimientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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En plena ofensiva de Sacyr para tomar el control del banco -ayudado por el PSOE según las creencias de BBVA-, Villarejo vigiló la vivienda en Madrid del entonces vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas.
Controló en 2004 unas 15.000 llamadas de periodistas y empresarios, entre ellos el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el industrial Juan Abelló y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.
La operación del excomisario, conocida como "Trampa", estuvo financiada por el BBVA con el pago de al menos 517.600 euros, consigna el medio español. Esa actuación puede ser constitutiva de delito si las pruebas llegan a demostrar que parte del encargo consistió en realizar escuchas telefónicas a determinadas personas, incluidos miembros del Gobierno.
Así, la información relacionada con el rastreo de miles de llamadas se ha incluido dentro del procedimiento abierto contra Villarejo (Operación Tándem) que se instruye desde hace tiempo en la Audiencia Nacional, según publica Expansión.
Acciones legales
Fuentes de la Fiscalía también afirman que "están analizando" emprender acciones legales contra BBVA por las escuchas. En el caso de que se detectaran indicios de delito, las acciones penales se dirigirían contra directivos concretos del banco. El Código Penal permite ejercer acciones penales contra personas jurídicas.
Así, si llega a demostrarse que BBVA encargó las grabaciones presuntamente ilegales, la acusación debería dirigirse, bien contra directivos del banco y/o miembros del consejo, o bien contra aquel que ordenó los pinchazos telefónicos.
La persona más expuesta es Julio Corrochano, director de Seguridad de BBVA, que dejó la entidad en junio con el inicio de la investigación interna promovida por el banco. Fue fichado por BBVA en 2002 tras ser comisario general de la Policía Judicial y jefe superior de Policía de Madrid.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha enviado requerimientos a empresas de telecomunicaciones, bancos y a la Agencia Tributaria.
Intenta dar con la identidad de las personas que habrían cobrado de Villarejo a cambio de suministrarle contenido de llamadas, movimientos de cuentas bancarias y declaraciones del IRPF de personas concretas. (EconomíaDigital.es)
