Universidad de Chile
El masivo éxodo familiar de automovilistas con ocasión del fin de semana largo motivó al Ministerio de Salud junto a Conaset a alertar respecto de la fatiga durante la conducción como factor de seguridad vial, atribuyéndola a la falta de descanso.
A fin de mes, se espera la aprobación de la Norma Internacional de Aseguramiento de Sostenibilidad (NIAS) 5000, iniciativa que surge ante la relevancia que han adquirido los reportes de sostenibilidad y busca garantizar que la información de sostenibilidad sea confiable para comprender de mejor manera los impactos ambientales, sociales, y de gobierno corporativo en las organizaciones.
En estos dos últimos meses, han sucedido un par de situaciones dignas para reflexionar.
Hace algunas semanas, el Servicio de Impuestos Internos publicó las cifras de la Operación Renta del año tributario 2024, que corresponde al año 2023. De los resultados, llama la atención que por segundo año consecutivo haya disminuido la recaudación de impuestos. Si el año 2022, la cifra ascendió a M$ 21.253, el 2023 fue de M$ 17.513 y el 2024 M$ 15.518, lo que representa una baja considerable de un 17,5% y un 9,6% respectivamente.
En mayo, el Congreso aprobó el proyecto que crea “un Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y otras medidas para la reconstrucción”.
Son alrededor de 500 mil las mujeres que padecen en nuestro país de esta enfermedad históricamente subdiagnosticada que provoca síntomas invalidantes al 82%, además de problemas emocionales, sociales y laborales, a lo que se suma que aproximadamente la mitad de ellas ve afectada su capacidad de ser madre.
Ya existen algunos avances previos como la creación de la primera guía clínica para su diagnóstico y manejo, capacitación de médicos a través de cursos y la llegada próxima de un medicamento innovador para pacientes que no reaccionan a los fármacos convencionales, pero falta la una ley marco que reconozca la patología y patrocine con recursos su tratamiento.
"Es preocupante ver la falta de previsión de algunas empresas generadoras y distribuidoras en términos de seguridad de la información. Muchas no están cumpliendo lo que exige la norma y están expuestas a ataques cibernéticos", subraya Víctor Vilche, gerente general de Conecta Ingeniería.
En estos días, culmina un nuevo proceso de operación renta. Para los contribuyentes y sus asesores -en su mayoría contadores-, esta es una etapa que ellos consideran de mucho estrés. Como todos los años, dejaron en evidencia algunas problemáticas que se presentaron, las que se relacionan con el acceso de la página web, acudir a algún artilugio para confeccionar la declaración de impuestos o errores asociados a la falta de información.
La nueva ley establece aspectos de gobernabilidad por medio de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). Se agrega a ella, un consejo multisectorial sobre ciberseguridad, un comité interministerial y un centro de respuesta de incidentes, más conocido como CSIRT por sus siglas en inglés.
En el complejo mundo de la economía, la suposición de la racionalidad del consumidor en la toma de decisiones ha sido siempre el principio fundamental. Los economistas postulan que los individuos realizan elecciones de compra basadas en evaluaciones lógicas del valor y la utilidad, buscando maximizar su satisfacción o felicidad.
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió la NIIF 18, presentación revelación en Estados Financieros, que reemplaza a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Esta comenzará a regir en enero de 2027, pudiendo ser adoptada anticipadamente.
Hoy, el crecimiento del cibercrimen en el mundo y en la región llega a una tasa del 15% anual; se detectan en promedio cerca de 70 vulnerabilidades cada día, de las cuales en promedio 12 de ellas se clasifican como críticas y/o altas, además es posible comprar vulnerabilidades en la deep web por US$ 25.000, que pueden ser utilizadas para explotar vulnerabilidades de las empresas y la sofisticación de las amenazas supera con creces la evolución de la industria de protección de software.
Durante la última semana del mes de marzo, se suscribió un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y algunos partidos políticos, para modificar el esquema de tributación de los dueños de las empresas (accionistas).
El estatuto general antielusivo que determinó la Ley N° 20.780, en el año 2014, estableció que en Chile la elusión tributaria la declara el Tribunal Tributario y Aduanero.
La Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Foro Internacional de Acreditación (IAF) publicó en febrero pasado una declaración relativa a una enmienda que afectará a un total de 31 normas de sistemas de gestión incluidas la ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301, entre otras.
En el encuentro, también se ahondará en el rol del delegado de protección de datos en las empresas; el avance del proyecto de ley y la aplicación de la Inteligencia Artificial en la protección de datos.
El Ministerio de Hacienda vuelve a la carga en su deseo de realizar una nueva reforma tributaria. Cabe recordar que este año se cumple una década desde el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet promulgara la Ley 20.780, que cambió la estructura tributaria e implementó medidas que combatieran la elusión y evasión de impuestos. Esta prometía recaudar un 3% del PIB.
En Chile, los áridos equivalen al 70% del volumen del hormigón, el material de uso más extendido en la industria. En la época de máximo desempeño y en el boom de la construcción se llegó a utilizar un millón de metros cúbicos de hormigón al mes.
El 22 de diciembre el Servicio de Impuestos Internos presentó el informe “Estimación de la brecha de cumplimiento en el IVA y el Impuesto de Primera Categoría”. Usando una metodología validada internacionalmente, se estimó que el incumplimiento tributario del impuesto de primera categoría es de 51,4%.
En enero de 2023, entró en vigor la modificación a la Ley del IVA, en la cual se gravan con el mencionado tributo, todos los servicios, con la sola excepción de aquellos que la ley deja exentos. En ella, se estableció que las sociedades que cumplen con los requisitos para ser calificadas como sociedades de profesionales, no se verían afectadas con IVA por los servicios que ellas prestasen.