Patricio Herman
El golpe de gracia lo dio la Contraloría en su tercer y concluyente dictamen de noviembre de 2018, mediante el cual ordena al alcalde Delgado el inicio de sumarios y sanciones en contra de los funcionarios díscolos, como también la paralización de obras de las que se estaban ejecutando y el inicio del proceso de invalidación de los permisos de proyectos que no contaban con recepciones finales de obras, es decir, torres habitacionales que ya están ocupadas por familias.
Si las solicitudes de permisos de edificación se enmarcan en las leyes, nadie reclamará y por ende tendrán certeza jurídica.
A partir del 5 de diciembre de 2003, con la vigencia del nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, la altura máxima quedó limitada a los 15 pisos y como ese municipio se negó a aplicar el congelamiento fijado en el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) el anteproyecto Nº 177 fue ingresado, ¡era qué no! a tramitación el 1º de octubre de 2003, cuando todo el mercado inmobiliario ya sabía lo que venía.
El ente fiscalizador dispuso una investigación especial sobre la materia para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades involucradas pues existen varios permisos de edificación por muchos millones de dólares que se encuentran recepcionados por la DOM de Las Condes, sin que se hayan ejecutado las obras correspondientes a sus EISTU.
Para posibilitar este resarcimiento, por parte de quienes lucraron sin causa, el CDE y la Contraloría tendrán la última palabra.
Le decíamos también que si ello no ocurría su municipio cometía desacato y que para evitarlo, su obligación como máxima autoridad municipal era trasladar los antecedentes al Ministerio Público para que el fiscal correspondiente investigara los comportamientos de los agentes públicos y actores privados relacionados con la tramitación trucha del permiso de edificación en comento.
Hasta la fecha no se sabe quién de la Contraloría adoptó la decisión de anular tal trascendental pesquisa y suponemos que el fiscal Campos determinará finalmente quien fue el funcionario de la Contraloría que fue tan buena persona con los pillos que se desenvolvían en la otrora respetable institución de Carabineros de Chile.
El permiso de edificación está viciado, aunque sabemos que 1.- una torre habitacional de 19 pisos fue recibida en la administración de Jadue para no perjudicar a las familias que allí residían, 2.- la otra torre de igual altura está terminada pero carece de recepción final, 3.- la otra torre todavía no se levanta y 4.- la edificación de la universidad opera en plenitud.
Este caso se judicializó y la Corte Suprema convalidó un acuerdo entre la municipalidad de Viña del Mar y la inmobiliaria, en orden a que ésta debía ejecutar una serie de mitigaciones viales, sin que los magistrados se pronunciaran sobre el fondo de la materia, es decir, si el permiso del año 2000 mantenía su vigencia o bien estaba caducado conforme lo establece el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)
Con el único propósito de ponernos serios, instamos a los gobernantes, poder ejecutivo y poder legislativo, para que, sin más trámites burocráticos, deroguen el burlesco DL 3.516 e interpongan acciones judiciales en contra de los “emprendedores” que ejecutan loteos brujos, pues con sus existencias los únicos perjudicados son las familias de mínimos recursos monetarios.
Como el riesgo es que estemos ante un nuevo perdonazo por parte del Estado, será necesario que se conforme en la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora, la que debería citar a todos los funcionarios públicos que conocen el engaño e invitar a los dirigentes de los grupos ciudadanos de Estación Central quienes, desde hace años, están denunciado la existencia de esos permisos.
Tanto la fea playa de estacionamiento que no quieren devolver los parlamentarios, como el edificio del ex Congreso Nacional forman parte de la Zona A del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago, donde está expresamente prohibido el uso de suelo de estacionamientos comerciales en sitios eriazos.
La industria inmobiliaria ha estado intentando por todos los medios posibles que los permisos cursados por las municipalidades, tanto legales como ilegales, sean considerados como derechos adquiridos de “buena fe”, luego como actos bendecidos por un soberano iluminado, aunque todos sabemos que en las Direcciones de Obras es muy fácil “equivocarse” para otorgar permisos de edificación con normas contrarias a derecho que entregan privilegios normativos a sus titulares.
Así lo afirma la Fundación Defendamos la Ciudad que este martes hizo una presentación ante la Contraloría General de la República por los dictámenes emitido por la entidad en este caso de irregularidad inmobiliaria que no han sido obedecidos por el municipio.
Lo peor que podría suceder es que doña Virginia, mal asesorada por sus colaboradores inmediatos, continúe con el brutal desacato, pero como cabe la remota posibilidad de que, aunque tarde, ella enmiende el camino, posiblemente el Estado de Derecho se hará presente entre agosto y septiembre próximos en esa ex ciudad jardín.
Todavía es tiempo para que el ministro Monckeberg llame a sus colaboradores con el fin de ordenar la casa con una ocurrente ley express y así evitar males mayores, sin perder de vista, en todo caso, que los asuntos del territorio no les interesa mayormente ni a los agentes públicos ni menos a los partidos políticos,
Ambas instancias superiores, enfatizando la mayor jerarquía de la ley sobre la OGUC, han declarado tajantemente que solo los anteproyectos o permisos de edificación efectivamente aprobados por la autoridad competente sobre predios afectos a utilidad pública, pueden generar actividades inmobiliarias.
Como los tribunales de justicia no se prestan para validar arreglines público-privados, la Corte de Apelaciones rechazó por extemporáneo el recurso de la inmobiliaria, la que, “por si acaso” elevó los antecedentes ante la Corte Suprema, cuyos magistrados en agosto de 2017 confirmaron el rechazo de la instancia judicial anterior.
Observamos que Matthei apuntala a su Director de Obras y que los dictámenes de la Contraloría serán obedecidos por ese municipio tan solo a partir del presente mes de junio de 2018, luego con efecto retardado. Curiosa decisión de la alcaldesa.
En Chile los empresarios astutos ganan más plata que los empresarios que se enmarcan en las reglas del juego, configurándose así una competencia desleal que socava al sistema, lo que parece no interesarle en lo más mínimo a las asociaciones gremiales empresariales como tampoco a las autoridades del Minvu, todos los cuales conocen a cabalidad esta grosera pillería.