En España, el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una norma que persigue garantizar la protección una atención de calidad, personalizada y accesible para todos los consumidores. Incluye medidas como limitar los tiempos de espera telefónicos a 3 minutos, prohibir el uso exclusivo de contestadores automáticos en la atención telefónica y limitar el plazo de resolución de reclamaciones a 15 días. La norma, que espera entre a regir antes de fin de año, se aplicará a todas las grandes empresas, salvo aquellas que cuenten ya con normativa sectorial.
