Cámara de Diputados
La propuesta, que viene a subsanar un vacío de una ley vigente, contempla una norma que permitirá que trabajadores, incluyendo las que laboran en casa particular, accedan al seguro de desempleo, obligando a sus empleadores al pago de todas las cotizaciones.
En la oportunidad, la instancia logró consensuar un texto único, que abarcó diversas propuestas y que se espera sea respaldado en una nueva sesión de la Cámara.
Dirigentes de Anfusea y Fenatrama manifestaron en la Comisión de Medio Ambiente que, durante esta pandemia, no existen garantías de participación ciudadana ni de consulta indígena respecto a diversos proyectos en evaluación.
Entre las 15 propuestas de ley, presentadas en la última semana de marzo, se encuentran proyectos para abordar la situación provocada por el coronavirus en materia laboral, postnatal, educación y organizaciones comunitarias.
La propuesta, analizada conforme a los acuerdos de la comisión mixta que buscó superar las diferencias con el Senado y con el propio Ejecutivo, busca proteger el empleo y flexibilizar el uso del seguro de cesantía para enfrentar la actual contingencia de la pandemia del coronavirus.
La instancia acordó con el Ejecutivo el ingreso de una indicación que incrementará el número de beneficiarios del bono que otorgará el Gobierno a los sectores más carenciados.
La Comisión de Economía inició el debate de los proyectos que ya han sido ingresados a trámite, pero se acordó solicitar a la Sala que se puedan refundir todos los que se presenten y que apunten en la dirección de entregar facilidades en el pago se suministros básicos y evitar su corte por no pago.
La iniciativa, que surge a raíz de la situación de emergencia por el Covid-19, reprograma el plebiscito del 26 de abril para el 25 de octubre de 2020. El texto se basa en un acuerdo entre la Cámara, el Senado y 15 partidos políticos. En la ocasión, también se aprobó y despachó un proyecto que suspende la transmisión de propaganda electoral respecto de este plebiscito.
Con una contundente votación, la sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado este proyecto, que se funda en el contexto de emergencia sanitaria.
La propuesta, discutida sobre la base del informe de la comisión mixta que vino a superar las diferencias con el Senado, establece las responsabilidades para los usuarios y emisores; define obligaciones de seguridad específicas para los emisores; y avanza en regular los delitos asociados y en las sanciones respectivas.
Los senadores aprobaron que todos los trabajadores, independiente del tamaño de la empresa a la que pertenecen, reciban el beneficio. Durante el debate se dejó en evidencia la necesidad de revisar una política pública en materia de ingresos.
Junto a lo anterior, la resolución requiere al Ejecutivo que en 2020 concrete el envío de un proyecto de ley de rentas regionales al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.
En la resolución se plantea la necesidad de reabrir los mecanismos establecidos en la regulación nacional para regularizar terrenos fiscales en posesión de habitantes de las regiones del sur de Chile.
La resolución pide al Gobierno adoptar medidas legislativas destinadas a prevenir futuras situaciones similares en el país.
La propuesta, abordada por la Corporación a la luz de los nuevos informes de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, así como de un conjunto de indicaciones del Ejecutivo, contempla un 6% de aumento de cotización: un 3% destinado a un ahorro adicional individual y un 3% para el sistema colectivo solidario. Además, se consideran beneficios especiales y una garantía de pensión base.
La propuesta, que será abordada mañana en la Sala de la Cámara de Diputados, fue discutida por el grupo parlamentario a la luz de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y las materias que son objeto de su competencia.
El exsecretario de Estado apoyó un sistema solidario, pero estimó necesario que la mejora en las actuales pensiones no sea a costa de los futuros pensionados. En la oportunidad también expusieron los titulares de Hacienda y de Trabajo, para explicar los lineamientos de la propuesta, gasto fiscal, proyecciones e indicaciones presentadas. La iniciativa se votará mañana.
La propuesta otorga mayor protección a las pymes, prohibiendo la celebración de acuerdos con grandes empresas que alteren el plazo de pago de treinta días, salvo que estos sean en beneficio de las primeras, en su calidad de acreedoras.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, asistió nuevamente a la instancia legislativa para responder una serie de consultas realizadas por los parlamentarios y que habían quedado pendientes desde la última sesión, ocasión en la que el secretario de Estado expuso un informe sobre materias de inversión en infraestructura hídrica, gestión, fiscalización y cambios normativos.
La instancia ahondará en las actuaciones de los órganos del Estado, en particular, de los jefes de servicios y las autoridades competentes de la Dirección de Presupuestos.