Alberto Texido
En este primer cuarto del siglo XXI, resuelta ya la reelección de Alcaldes y Gobernadores, -e inaugurado el puerto de la ciudad de Chancay-, la dualidad de la ciudad y el puerto sigue intentando avances, pese a una urgencia aparente, con algunos cuestionamientos y nuevas autoridades que van gradualmente re-comprometiendo apoyos.
Se denomina infraestructura verde a las grandes obras públicas que resultan de un proceso múltiple que facilita la adaptación y resiliencia, entendidos como criterios que se incorporan tempranamente al diseño de las ciudades enfrentadas al cambio climático.
Así, los municipios como Estación Central y Santiago están deliberando nuevos planes, los que determinarán usos del territorio, identificarán zonas de riesgo o protegidas, señalarán usos compatibles, espacios públicos, definirán vialidades, densidades y alturas.
Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, con el lema “Agua para la Paz”, la ONU alude a que la disponibilidad de recursos hídricos puede generar bienestar en las comunidades, mientras su escasez, producirá graves conflictos sociales.
En este 8M, bien vale poder hacer algunas reflexiones sobre las brechas para la mujer en todo ámbito. Ocho de cada diez personas viven en áreas urbanas en Chile y por eso se requiere avanzar en más integración de género en el espacio público.
Ante estos hechos, se hace obligatorio repensar la forma en que se ocupa el territorio, se edifica sobre él y hay que superar a una autoridad laxa que permite inmuebles irregulares en la interfaz urbana-forestal. Ante el riesgo, es indispensable que se implementen retardadores cortafuego o fajas de seguridad, las que deben ser fiscalizadas por parte de organismos técnicos.
El inicio del nuevo año trae noticias de mejora para el transporte en Chile, una de las metas anheladas históricamente por la ciudadanía.
El creciente envejecimiento de la población en Chile llevará ineludiblemente a que la infraestructura deba adaptarse a esta próxima realidad, donde la planificación y diseño de ciudades, espacios públicos, sistemas de transporte masivo, edificios públicos y privados han de considerar la autonomía de desplazamiento de personas mayores o con movilidad reducida, resultando indispensable acentuar la aplicación de la “accesibilidad universal” como norma obligatoria.
Una brecha de 1,3 millones de viviendas a nivel nacional al 2030, según las proyecciones de Déficit Cero, es el desafío de proporciones que debemos ser capaces de enfrentar en favor de miles de familias que buscan dejar de ser allegados o acceder a un inmueble definitivo. La tarea es mayor, en especial, en una época en que el sector privado alerta por falta de financiamiento a empresas y familias.