Germán Pinto

El estallido social que estamos viviendo (porque aún no termina) ha remecido todos los sectores de la sociedad replanteando los objetivos de todas las instituciones de corto, mediano y de largo plazo.

Ayer me preguntaron si este “nuevo pacto social” que se quiere materializar a través de una nueva constitución involucraba también un “nuevo pacto tributario”, asumiendo que el sistema tributario vigente cambiaría ante una modificación de la carta fundamental. Mi respuesta es sí, pero ese cambio no depende de un cambio de esa naturaleza.

Dado que estamos llanos a redefinir nuestra sociedad y nuestras “estructuras”, siendo el sistema tributario uno de esos aspectos a ser revisados, creo oportuno poner en la mesa de discusión la vieja controversia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual tiene profundos efectos en la economía doméstica de los chilenos.

Mucha frustración me ha causado la noticia de que el Gobierno llegó a “un acuerdo” con senadores de la centroizquierda para “destrabar” el proyecto de reforma tributaria que está en el Congreso.

Tenemos que realizar una profunda revisión de nuestras estructuras sociales, jurídicas y políticas para poder realizar cambios que respondan a las ingentes necesidades que se han manifestado en las últimas semanas, siendo el sistema tributario uno de los más sensibles.

Mis alumnos podrán dar fe de yo explico la existencia de la evasión y la elusión tributaria a través de la ecuación de “pago de impuesto = beneficio recibido por el ciudadano del Estado”. Cuando el pago del impuesto es mayor al beneficio recibido se produce una frustración y que se materializa en la resistencia al cumplimiento tributario.

Hemos sido testigos y actores de cómo las demandas sociales, que desde poco antes del año 2006 han sido llevadas a las calles a través marchas y protestas, no han sido escuchada y han estallado dejando una estela de destrucción y daños que han hecho pagar a justos por pecadores.

En varias oportunidades he pedido a las autoridades de nuestro país a través de estas columnas de opinión, que dejen de lado las discusiones políticas y que primen los argumentos técnicos en la tramitación del proyecto de ley de Modernización Tributaria, solicitud que no ha tenido eco en sus destinatarios, pues día a día siguen ventilándose en los medios de comunicación, argumentos ideológicos y políticos que convierten en una conversación de sordos esta importantísima iniciativa legal que se está tramitando en el Congreso. Si bien el proyecto no es lo que idealmente correcto, ayuda a mejorar problemas que la actual normativa tributaria tiene.

Uno de los diversos aspectos que tiene el proyecto de modernización tributaria que está siendo debatida en el Congreso es la creación de la “Defensoría del Contribuyente” que tiene por objeto velar por la protección de los derechos de los contribuyentes que hayan sido vulnerados por la acción del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El Proyecto de modernización tributaria que se está debatiendo en el Congreso incluye disposiciones que modifican el actual tratamiento de los sueldos que se asignan los socios de las empresas y a sus cónyuges. Esta modificación al “sueldo empresarial” como se conoce, dice relación al hecho que en la actualidad se acepta como gastos necesario para producir la renta, la remuneración pagada al socio de sociedades de personas y al socio gestor de sociedades en comandita por acciones, como también las asignadas al empresario individual que efectiva y permanentemente trabaje en la empresa “hasta el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias” y que hayan sido afectadas con el Impuesto Único al Trabajo.