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Germán Pinto |
He leído muchos comentarios de ex autoridades, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y algunos columnistas que se refieren a las planificaciones tributarias “agresivas”, mencionándolas como sinónimas de planificaciones tributarias elusivas. Creo que esto merece una revisión y corrección según el ordenamiento legal vigente.
Recuerdo que uno de los problemas que se achacaba a la discusión legislativa de la Reforma Tributaria 2014/2016 era la inestabilidad que generaba a los inversionistas, distorsionando las expectativas que se tenía de la Economía de nuestro país.
El 1 de enero comenzamos a aplicar el incremento en la retención de los honorarios que estableció la Ley 21.133 que fue publicada en febrero del año 2019. No podemos decir que “no sabíamos” o que “se nos había olvidado”, pues es una ley de la República y debe ser aplicada. Sin embargo, creo que en este caso esta “declaración de la voluntad soberana” ha entrado en mal momento a la vida legislativa de nuestro país.
n destacado jurista planteó que además de exigir derechos hay que asumir obligaciones que deben estar señalados en la constitución como es el caso del pago de tributos.
Desde el Absolutismo se ha considerado en Occidente que las leyes son la herramienta básica para generar cambios en la Sociedad, logrando influir en la conducta y la forma de pensar de las personas.
El estallido social que estamos viviendo ha movido los cimientos de nuestra sociedad y nuestro Sistema Tributario no ha estado ajeno a esto, obligándonos a reflexionar sobre su estructura y sus características, con el objetivo de aumentar significativamente el nivel de recaudación.
En los cabildos, en las entrevistas y en todas las instancias en que se manifiestan opiniones tendientes a generar una nueva constitución que materialice un cambio “de modelo económico y social” de nuestro país, se ha postulado que debemos dejar el esquema neoliberal y el “rol subsidiario del Estado” para acercarnos a otro… sin ser claros a qué otro sistema ni rol necesitamos realmente.
El estallido social que estamos viviendo (porque aún no termina) ha remecido todos los sectores de la sociedad replanteando los objetivos de todas las instituciones de corto, mediano y de largo plazo.
Ayer me preguntaron si este “nuevo pacto social” que se quiere materializar a través de una nueva constitución involucraba también un “nuevo pacto tributario”, asumiendo que el sistema tributario vigente cambiaría ante una modificación de la carta fundamental. Mi respuesta es sí, pero ese cambio no depende de un cambio de esa naturaleza.
Dado que estamos llanos a redefinir nuestra sociedad y nuestras “estructuras”, siendo el sistema tributario uno de esos aspectos a ser revisados, creo oportuno poner en la mesa de discusión la vieja controversia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual tiene profundos efectos en la economía doméstica de los chilenos.