Remuneraciones e institucionalidad pública

El anuncio de un posible congelamiento de las remuneraciones del sector público en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 ha encendido una señal de alerta entre los funcionarios del Estado. No es para menos: si la medida se aplicara de forma generalizada, afectaría directamente a cerca de un millón de personas o familias, incluyendo trabajadores de la administración centralizada, municipalidades y empresas estatales entre otras.

En un contexto de ajuste fiscal, es legítimo que el Ejecutivo explore mecanismos para contener el gasto. Sin embargo, congelar las remuneraciones del sector público no es una decisión neutra. Algunos gremios ya han reaccionado con preocupación. No se trata de una defensa corporativa, sino de una advertencia sobre los efectos sistémicos que puede tener una medida de esta naturaleza. El empleo público no es un gasto prescindible: es una inversión en institucionalidad, en servicios esenciales, en capacidades técnicas y en presencia territorial del Estado. Congelar remuneraciones en un escenario de inflación acumulada y creciente demanda ciudadana por servicios públicos de calidad, equivale a debilitar la capacidad de respuesta del Estado.

A su turno, alrededor de MM$150.000 se estima es el costo fiscal en las remuneraciones públicas “por cada punto de reajuste”. Sin duda, una cifra significativa. Pero también lo es el costo de no invertir en quienes ejecutan las políticas públicas, atienden en hospitales, educan, fiscalizan el cumplimiento normativo, diseñan políticas sociales y sostienen la infraestructura administrativa del país. La eficiencia fiscal no puede medirse solo en términos de ahorro contable, sino también en función de la calidad institucional que se preserva o se erosiona.

Congelar remuneraciones puede generar efectos regresivos. En muchos casos, los salarios públicos son el principal sustento económico en regiones con baja actividad privada. Una medida de estas características podría profundizar las ya profundas desigualdades territoriales, afectar las economías locales y provocar una mayor desafección hacia el Estado.

No se trata solo de cuadrar cifras, sino de definir el Estado que queremos y cuales deben ser sus prioridades. En tiempos donde se requiere más articulación intersectorial, y fortalecer la legitimidad institucional, solo pensar en congelar las remuneraciones del sector público pareciera representar una medida precipitada. Sin embargo, lo que sí resulta urgente es revisar con premura, con criterio técnico y sensibilidad política los mecanismos de asignación presupuestaria, priorizando el fortalecimiento en la eficiencia, efectividad y eficacia del empleo público como una política de Estado.

Congelar las remuneraciones es una solución rápida y populista que afectaría el funcionamiento de nuestra institucionalidad con todos los costos y riesgos potenciales que ello implica. No se puede en nombre del ahorro fiscal cuestionar el valor del trabajo público como pilar de la cohesión social y la gobernanza democrática.

Américo Ibarra Lara

Director Instituto del Ambiente Construido

Observatorio en Política Pública del Territorio

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido

Universidad de Santiago de Chile