El abuso de no pagar por la infraestructura
Una de las características que distingue a Chile en América Latina es la calidad de sus servicios públicos que ha alcanzado estándares destacables, resultado de un modelo de colaboración entre el Estado y el sector privado.
Este modelo ha sido particularmente exitoso en áreas como la cobertura y calidad del agua potable, el tratamiento de aguas servidas o la expansión de la red de comunicaciones digitales. Se trata de servicios privados regulados, con estándares exigentes y supervisados por el Estado, pero financiados en gran medida por quienes se benefician. En este equilibrio se ha avanzado en cobertura, calidad y continuidad, sin sobrecargar la limitada capacidad de financiamiento fiscal.
Sin embargo, este principio comienza a ser erosionado en ciertos ámbitos. En el transporte público, por ejemplo, se ha instalado una percepción extendida entre ciertos segmentos de la población —sobre todo en Santiago— de que el acceso debe ser gratuito. Actualmente, más del 35% de los pasajeros evade el pago y el costo, entonces, lo asume el resto de los usuarios y todos los contribuyentes. Esta forma de "solidaridad invertida" se traduce en una distribución regresiva del ingreso y refleja, en parte, una mezcla de resentimiento, oportunismo y falta de conciencia cívica.
Algo similar ocurre con las autopistas urbanas y carreteras interurbanas concesionadas. Estas vías, financiadas mediante peajes, han transformado la conectividad del país, reduciendo tiempos de viaje, mejorando la seguridad y potenciando la competitividad de diversos sectores productivos. No obstante, hay quienes, aprovechando los sistemas de cobro electrónico, utilizan estas autopistas sin pagar, acumulando deudas que luego buscan eludir, alentados incluso por actores políticos que proponen relajar las sanciones.
Esta conducta no solo es un acto de abuso, sino que atenta contra el incentivo a invertir en más y mejor infraestructura. Pretender el acceso irrestricto y gratuito a servicios que tienen costos evidentes es una forma de premiar al que transgrede, al que no está dispuesto a aportar a un sistema del cual se beneficia directamente.
Chile necesita seguir desarrollando su infraestructura, pero para ello es indispensable que el principio de “el que usa, paga” siga siendo respetado. No se trata de imponer barreras al acceso, sino de asegurar que el modelo siga siendo viable, justo y sostenible. La infraestructura de calidad no es gratuita, y si queremos mantenerla y expandirla, necesitamos un compromiso compartido entre el Estado, los proveedores de servicios y los beneficiarios. De lo contrario, el riesgo no es solo financiero: es social y ético.
Carlos Cruz
Director ejecutivo
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
