Cómo cojea la Ley de Cumplimiento Tributario

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La semana pasada pasó al Senado el proyecto de cumplimiento tributario con la aprobación mayoritaria de las diputadas y diputados de la Cámara, con un inapelable 120 a favor, 18 en contra y 3 abstenciones.


Ese resultado evidencia un consenso para aprobar el proyecto y las indicaciones que el Ejecutivo realizó al documento primitivo, permitiéndonos entender que hay una valorización mayoritaria de la materia tramitada.


Sin embargo, hubo algunas normas que quedaron en el camino, como fue la idea de que la determinación de la elusión cambiara de la sede judicial como está ahora, es decir, que la elusión sea determinada por un juez, a una sede administrativa, en virtud de la cual sea el Servicio de Impuestos Internos (SII) quien determine tal categoría.


Esto ha sido una discusión que ha estado presente en los Diálogos Sociales por un Nuevo Pacto Fiscal que el ministerio de Hacienda organizó en abril del año pasado, como así también fue tratado en todas las reuniones que ha llevado a cabo como insumo y para lograr respaldos al proyecto que se presentó. Pese a que en esas mismas instancias se planteó que no sería pertinente realizar el cambio de sede judicial a sede administrativa, pues el SII sería juez y parte en tal determinación, el ministerio de Hacienda insistió y lo incluyó el proyecto, lo cual fue rechazado en esta primera etapa de su tramitación, demostrando una porfía o vehemencia que está siendo perjudicial para las pretensiones recaudatorias de la autoridad fiscal.


Hay un detalle que también me llama mucho la atención, pues además de la idea central del tema, se crea un consejo asesor formado por personas remuneradas y elegidas a través de un procedimiento muy particular, el cual apoyará en la evaluación de aquellas operaciones que han sido cuestionada por los fiscalizadores. De esta forma, este organismo daría transparencia y objetividad a la evaluación que, hoy en día, la realizan los jueces.


Sin embargo, como ya señalé, el cambio propuesto no prosperó, pero se mantuvo el consejo asesor, siendo esto un hecho muy particular, pues si las diputadas y diputados rechazaron la idea de que fuera el SII quien tomara el protagonismo en esta materia ¿Por qué mantienen el organismo que iba a apoyar esa tarea? En otras palabras, crearon un organismo para asesorar una función que no va a tener el SII.


Es por esta forma tan particular de legislar, que deja con vida organismos que tenían sentido si la norma rechazada hubiera prosperado, y por la porfía demostrada por el ministro de Hacienda, que me da la impresión que “cojea” la acción de la autoridad y de los legisladores, evidenciando una tarea legislativa un tanto superficial en materias fundamentales para el bienestar del país.


Prof. Germán R. Pinto Perry

Director Programas de Especialización Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC

Universidad de Santiago

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