El rezago de la industria inmobiliaria y de la construcción

A pesar de las mejoras en las expectativas económicas durante 2024 y de las medidas implementadas por el banco central para estimular el crecimiento y controlar la inflación, el sector de la construcción no ha seguido la misma tendencia positiva. A pesar del conjunto de medidas tomadas por el ejecutivo, como la garantía estatal del 10% del valor del inmueble para viviendas de hasta 4500 UF, la extensión de la cobertura del seguro de remate para viviendas entre 1.600 y 2.800 UF, y la ampliación del crédito especial IVA para empresas constructoras hasta el año 2026, los resultados no han sido los esperados.

En síntesis, el sector construcción e inmobiliario sigue sin despegar lo que representa objetivamente un mal dato, ya que no sólo desempeña un papel significativo en la economía, contribuyendo históricamente con cifras cercanas al 7% del PIB y un 8% de la fuerza laboral.

Esto explica entonces por qué el ejecutivo, por mensaje 260-371 (boletín 16048-05), ingresara en noviembre 2023 un proyecto de ley que “modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de adoptar medidas para combatir el sobreendeudamiento” y que entre otros objetivos intenta” apoyar la sobrecarga financiera de las familias que no pueden cumplir sus compromisos económicos y además apoyar al sector inmobiliario y la construcción con herramientas para combatir el sobreendeudamiento y el incremento de los costos financieros”.

Este proyecto misceláneo incluyó entre otras, modificaciones al Fogaes, aumentando de US$165 millones a US$208 millones, los recursos disponibles y extiende la duración de este fondo hasta diciembre de 2024. Amplía la garantía en 10% por tramo, elimina el piso y flexibiliza el techo de las postulaciones, con el fin de impulsar la construcción de obras públicas. En cuanto al Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda, en el que el Estado actúa como aval para que las personas accedan a un crédito hipotecario para la compra de la primera vivienda, extiende su duración hasta diciembre de 2024 y amplía la oferta habilitando a las mutuarias para otorgar créditos garantizados con este programa. También modifica el decreto sobre timbres y estampillas, para eximir de este impuesto a los créditos hipotecarios a la primera vivienda destinada a uso habitacional hasta diciembre de 2024.

Ahora bien, más allá de las medidas económicas que bien orientadas han ido controlando la inflación y la tasa de interés, y que además las medidas explicadas precedentemente hayan obtenido un apoyo mayoritario, hoy la data disponible demuestra que el sector inmobiliario y de la construcción no logrará revertir en el corto plazo sus resultados. Por tanto, el ejecutivo y los representantes de la industria deben dialogar más e innovar en soluciones que permitan en un plazo acotado generar las medidas que permitan movilizar la industria e incentivar la inversión. 

Américo Ibarra Lara,

Director Observatorio en Política Pública y Territorio,

Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido,

Universidad de Santiago de Chile