El dilema de la Educación Pública

Las palabras de exdirigentes estudiantiles respecto a que el fin de la selección jugó una “mala pasada” a los liceos emblemáticos, han generado debate en los últimos días. Las banderas de la calidad y la igualdad de oportunidades que enarbolaron los movimientos estudiantiles desde 2006 contrastan con la caída sostenida de matrículas en establecimientos públicos, y sus bajos rendimientos -salvo algunas excepciones-, en evaluaciones Simce y PAES.

Mientras las últimas regulaciones han favorecido la inclusión y eliminado condiciones de selección, las escuelas públicas se mantienen con recursos limitados, infraestructura precaria y docentes sobrecargados. La situación se torna aún más compleja con temas críticos como la fallida instalación de algunos Servicios Locales de Educación (SLEP), la violencia escolar y los altos niveles de inasistencia escolar pospandemia.

Es evidente que la educación pública requiere una profunda transformación. El consenso es que las principales brechas -infraestructura, recursos y personal docente- no han sido lo suficientemente abordadas por el Estado. En esa línea, es necesario repensar si las políticas educativas aplicadas han sido adecuadas. Una de ellas, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) -que buscaba democratizar el acceso a las escuelas-, ha sido objeto de controversia y hoy enfrenta dilemas sobre su efectividad y coherencia con los principios de inclusión.

No hay duda que el SAE es un avance significativo en el camino hacia una educación más justa y equitativa. No obstante, debe lidiar -injustamente- con la selección escolar que se mantiene en establecimientos particulares. Es decir, el problema no es que exista selección en el mundo público o se haya puesto fin a los “liceos emblemáticos”; más bien, es que los particulares hayan permanecido exentos de la Ley de Inclusión Escolar. Desde esta perspectiva, queda en entredicho la verdadera profundidad de este avance. ¿Cómo podemos hablar de inclusión en educación cuando aún existen mecanismos que perpetúan la segregación y la desigualdad?

La educación pública en nuestro país se encuentra en una encrucijada. El Estado, para salvarla, debe generar las mismas condiciones para todos los establecimientos. En ningún caso significa “nivelar para abajo”, sino que más bien, implica robustecer las regulaciones de la Ley de Inclusión para garantizar que ningún establecimiento, público o privado, eluda su responsabilidad en la promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades, erradicando cualquier forma de discriminación y segregación.

Pero el foco no debe estar únicamente en las barreras de entrada; además, se requiere implementar mecanismos que promuevan la instalación de aulas diversas y en las que participen los distintos actores de las comunidades escolares. Sólo así se podrá avanzar en lo que evidenciaron los líderes estudiantiles desde 2006: una educación de calidad y promotora de igualdad de oportunidades. En definitiva, pensar la educación como un derecho.

Francisco Gallegos Celis,

Vicedecano Facultad de Educación

Universidad Autónoma de Chile