Guerra interna en Ecuador
Ecuador, en los últimos días ha ocupado las primeras planas en los rotativos mundiales, debido a la decisión tomada por el presidente de la República Daniel Noboa, quien mediante el Decreto Ejecutivo No. 111, del 9 de enero de 2024, reconoció la existencia del conflicto armado interno, con lo cual le dio mayor realce al Decreto Ejecutivo No. 110 que declaraba estado de excepción, expedido el 8 de enero de 2024.
El reconocimiento que el Ecuador vive en un estado de guerra interna, implica que el Ejército Nacional deja de cuidar las fronteras y sale a las calles para enfrentar y combatir a más de 22 bandas delictivas señaladas por el mandatario ecuatoriano, estas bandas delincuenciales que poseen armamentos de última generación, desde hace algún tiempo han sembrado la zozobra en la población, tanto que según las estadísticas policiales en el último año se contabilizan 7,592 asesinatos, implica aproximadamente un muerto cada hora, lo que ha permitido que el país cierre el 2023 como el más violentos de América Latina.
Estas altas tasas de mortalidad en manos criminales son históricas en el Ecuador, nunca antes se habían registrado tantos crímenes en un año por parte de terroristas y actores no estatales beligerantes, tal como lo describe el primer mandatario. Para ejemplificar, si se compara con la tasa de homicidios en el 2022, que alcanzó los 4.603, se encuentra que esta experimentó un crecimiento del 64,9% con relación al 2023.
Según el Derecho Internacional Humanitario, una guerra interna es un conflicto armado y de violencia interna en una nación y tiene lugar cuando existen enfrentamientos armados por periodos prolongados entre fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados. En el Ecuador los periodos de violencias han sido prolongados y se recrudecieron en 2023, más cuando cayó asesinado el candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales, Fernando Villavicencio, al mismo tiempo que caían asesinados miles y miles de ecuatorianos y extranjeros víctima de la delincuencia.
Para financiar el conflicto armado interno, el ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional (Congreso) con el carácter de económico urgente, la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, mediante la cual se propone sustituir el artículo 65 del Régimen Tributario Interno (RTI), por el artículo 65, en donde se establece que la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA), pasa de 12% en la actualidad a 15% a partir de la aceptación por parte de la Asamblea Nacional y su promulgación en el Registro Oficial.
La ley tiene un carácter urgente, por lo que la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobarla o negarla de ser aprobada, la ley entraría en vigor el 1 de marzo de 2024. Al momento avanzan las discusiones en el entorno legislativo y en las bancadas de las agrupaciones políticas, al tiempo que se escuchan voces de aceptación y otras de rechazo, por tanto, tal como van las cosas se puede apreciar que el futuro de la ley recaudatoria es un tanto incierta.
El conjunto de la sociedad ecuatoriana coincide en que una guerra cuesta mucho dinero, pero un gran sector de la ciudadanía tiene ciertos reparos sobre ella, pues se sostienen que detrás de la ley está la mano oculta del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha insistido para que los últimos gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, eleven el IVA al 15% y de igual manera que se incrementen los precios de los combustibles, para liberar recursos y destinarlo al pago de la deuda externa y con ello golpear los bolsillos de los más pobres de la patria. Se piensa que, de no existir la guerra interna, cualquier otro hubiese sido el pretexto para tomar dichas medidas económicas.
Se ha manifestado por parte del ejecutivo, que la enorme brecha fiscal existente obliga a tomar esta medida de incrementar el IVA en tres puntos. La ciudadanía por su parte considera que no es verdad, pues si fuese para enfrentar la guerra interna tendría una duración de un tiempo definido, pero nunca de manera indefinida tal como está presentada la ley; la preocupación crece aún más cuando se conoce que el IVA es un impuesto regresivo, lo que implica que las personas con ingresos bajos serían los más afectados, ya que es de conocimiento público que de 359 artículos que componen la canasta familiar, el 58% deberá pagar IVA, que equivale a 208 productos.
Los sectores económicos acomodados han mostrado su aceptación del incremento del IVA, quienes han acuñado la frase, “es mejor pagar al Estado que a los vacunadores”, (llámese vacunadores a la delincuencia que cobra a los dueños de locales comerciales, en viviendas y sectores poblacionales una cierta cantidad de dinero para ser protegidos, caso contrario sus bienes y sus vidas corren grave peligro) desde el punto de vista de los sectores de ingresos medios y altos, esto tiene sentido.
El Servicio de Rentas Internas (SRI), ha hecho público que el 2023, por el IVA de un 12%, la entidad recaudó 8.400 millones, lo que implica que cada punto se recauda 700 millones de dólares, por tanto, el incremento de tres puntos generaría 2.100 millones, cantidad muy por encima de lo que costaría la guerra interna que se encuentra estimada en 1.020 millones y está muy por encima de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas espera recaudar que son 1.306 millones de dólares. Por tanto, con un año que se incremente el IVA, sería más que suficiente.
Al mismo tiempo se plantea que no se castigue a los más pobres y que se tomen otras medidas como, por ejemplo, cobrarle a los grandes evasores de impuestos, que según se sabe suman más de 499 grandes empresas, a los cuales, con la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada el 20 de diciembre de 2023, se les condonó multas e intereses y otras obligaciones por aproximadamente 2.000 millones de dólares.
Prof. Félix S. Pilay Toala
Doctor. Economista, Magister en Administración Pública.
Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe)
Pilayfelix071@gmail.com
