Milei y el restablecimiento del Estado de Derecho en Argentina
El recién electo Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei tiene como unos de sus principales desafíos fortalecer el Estado de Derecho en ese país en diversos ámbitos, siendo uno de los más importantes, el de la independencia judicial en el nombramiento de los jueces.
Para esto debe luchar en contra de un experimento fracasado como lo ha sido el del “Consejo Nacional de la Magistratura” -o “de la Judicatura” como se le denomina en otros países- que fue concebido como un órgano de “carácter autónomo” encargado de designar los jueces o Ministros de la Corte Suprema de Justicia y a los restantes miembros del Poder Judicial. Además, debe velar por la formación y capacitación, responsabilidad disciplinaria, administración y gestión de recursos, principalmente.
Los atributos primordiales de este “consejo” de nombramiento de magistrados son su autonomía –como dijimos- y la independencia frente a otros poderes del Estado, como ocurre en nuestro país, por ejemplo, con el Banco Central. También como rasgo esencial se dice que la composición de sus miembros no puede ser interna –es decir, integrado sólo por miembros del Poder Judicial- sino que por el contrario debe externa –miembros ajenos a éste- o mixta -es decir, por integrantes de dicha rama o ajena a ésta. Así, en algunos países sus miembros además de ser jueces de la Corte Suprema, son nombras por los Fiscales Nacionales, por los colegios de abogados del país, por otros colegios profesionales, por los rectores de las universidades nacionales o por los rectores de las universidades privadas, caso de Perú y Paraguay, con algunas diferencias. Además de estos países latinoamericanos existe en España, Italia y Francia. En este último caso tiene además como objeto velar por el nombramiento de los fiscales del Ministerio Público.
El principal problema de este consejo es que debiendo darse al nombramiento de cada juez, un carácter eminentemente técnico, se ha optado por el favoritismo político, asegurando -en muchos casos- el cobro de posteriores favores, con un pésimo resultado en términos de independencia judicial.
Ha sido, precisamente en Argentina donde ha fracasado con mayor estrépito la autonomía de este órgano, al ser su integración casi íntegramente política. En efecto, en ese país según el artículo 178 de la Constitución, el Consejo de la Magistratura está conformado por 8 miembros, uno nombrado por el Presidente de la República; los presidentes de las cámaras legislativas; un senador y un diputado que representen la segunda mayoría en las cámaras legislativas; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia; un(a) magistrado(a) de la Suprema Corte de Justicia, quien funge como secretario del Consejo; y el Procurador General de la República. Es decir, su composición está a cargo mayoritariamente del poder legislativo con los efectos devastadores a través del control partidista que se puede ejercer al influir en el nombramiento de los magistrados.
El problema se ve agravado porque el Presidente de la Nación debe escoger a uno de los finalistas y luego proponerlo al Senado, el cual tiene la responsabilidad de ratificar este nombramiento con el apoyo de dos tercios de los votos.
El ejemplo más tenebroso en ese país es el de Cristina Fernández de Kirchner quien logró durante años, que jueces federales tuvieran detenida de manera indebida, la investigación de las causas en su contra.
Esto no impidió que Fernández Kirchner fuera condenada en diciembre del 2022 a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), en la causa conocida como «Vialidad». Este un juicio se había iniciado en mayo de 2019, después de años de impunidad y finalmente se la pudo condenar por administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública y se ordenó decomisar los efectos del delito, los cuales consisten en una suma de 482 millones de dólares.
La ex presidenta, gozaba de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo de Vicepresidenta, cesando en su éste, como sabemos, al asumir Milei la Presidencia de la Nación Argentina. Tiene pendientes recursos ante tribunales superiores.
En su proyecto de campaña Milei propuso una reforma a este Consejo, principalmente en los cupos que designa el poder legislativo.
En Chile, en el proyecto de Constitución Política de 2023 se contemplaron tres órganos con autonomía legal como encargados de nombramiento de los integrantes de un Consejo; la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios; así como la gestión y administración del Poder Judicial. Estos tres órganos funcionarán separadamente y de forma coordinada. Siendo materia de ley institucional la regulación de sus competencias, organización y funcionamiento. Por lo tanto, se deben sacar lecciones de la experiencia en Argentina.
Francisco José Pinochet Cantwell
Doctor en Derecho
Ll.M California Western School of Law
Profesor de Derecho Procesal Civil
Universidad Católica de Chile
