Al Capone y la Institucionalidad contra el delito
La matanza de San Valentín del año 1929 sigue siendo uno de los cold cases más recordados de Estados Unidos y parte del historial de crímenes por los que Al Capone se convirtió en celebridad. Hasta hoy no se han probado todos los detalles detrás del acribillamiento de un grupo de mafiosos ligado a los hermanos Morán, que surtían de licor a la zona norte de Chicago, la ciudad donde Scarface asentó su imperio en plena ley seca. La brutalidad del crimen impactó a todo el país y marcaría el inicio del fin para el capo de la familia Colósimo. Una caída que, ante la justicia, no se produjo por la bestialidad de sus asesinatos, sino por la trazabilidad de sus negocios ilícitos y la evasión de impuestos.
A falta hoy de un Elliot Ness que dé esa pelea, en Chile estamos presenciando un debate muy relevante sobre la necesidad de modernizar nuestras instituciones para enfrentar la delincuencia cada vez más violenta en nuestras calles. Fortalecer a las policías y entregar más herramientas a los fiscales en la persecución penal es tan esencial como contar con un Estado robusto, que no se deje permear por el poder económico de las bandas organizadas, capaces de comprar conciencias y corromper a todo el sistema.
El proyecto de ley anunciado recientemente por el gobierno para fortalecer nuestra inteligencia financiera apunta a perseguir la ruta del patrimonio económico que está detrás del lavado de activos, el narcotráfico y otros ilícitos. Avanzar en esta línea significa actualizar la capacidad de las agencias estatales para intercambiar información relevante que permita detectar a quienes – a través de empresas fachada – encubren malas artes y blanquean el dinero producto de sus delitos y los de sus asociados en el crimen.
Aplicando inteligencia de datos para seguir sigilosamente la hebra de estas bandas, instituciones como Aduanas, impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero y el Registro Civil, por nombrar algunas, podrían asumir un muy importante rol de complementariedad a la labor de persecución penal. Porque detrás de un gran decomiso de drogas liderado por la PDI, por ejemplo, estas agencias podrían aumentar el alcance de la labor policial y judicial, aportando más antecedentes para desarticular el patrimonio económico de bandas organizadas que, hasta hoy y sin estas herramientas, tardarán muy poco en volver a articularse. Como hizo Capone quien, desde la cárcel, siguió liderando el negocio del crimen gracias a su enorme poder económico.
La iniciativa, que aún debe iniciar su tramitación en el Parlamento, propone fortalecer el ecosistema de inteligencia económica, creando unidades especializadas en varios servicios dependientes de Hacienda y Justicia, para mejorar el intercambio y análisis de información inter-agencias y una detección temprana de actividades sospechosas.
Se perfilan altos estándares de desempeño y reserva para quienes desempeñen funciones en este ámbito, como también medidas sancionatorias más duras y la posibilidad de levantamiento del secreto bancario en condiciones especiales.
También habrá requisitos más estrictos o el deber de informar para actividades económicas que hasta hoy no están obligadas, como las compraventas de joyas, vehículos, juegos de azar, comercio exterior, entre otras que presumiblemente forman parte de la nebulosa cortina de humo que ampara las actividades ilícitas.
Aunque para muchos llega tarde, sin duda el debate legislativo que se abre frente a este proyecto da esperanzas respecto al grave rezago de nuestra institucionalidad en materia de prevención y detección de la criminalidad más sofisticada. Necesitamos una adecuada gobernanza para combatir los males del narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos. Un Estado precario, con instituciones que trabajan aisladamente en silos, celosas unas de otras, que no comparten información y, con ello, tampoco son capaces de levantar alertas tempranas sobre actividades sospechosas, es un Estado disperso, que cede espacio al enorme poder económico del crimen organizado.
Paradojalmente, fue por la vía de una incipiente inteligencia financiera en los años 30 que la Casa Blanca logró acorralar al más peligroso criminal de Chicago. Ni sus más alevosos homicidios ni la traza de corrupción que dejó su actuar fueron suficientes para ponerlo tras las rejas. La evasión de impuestos - y luego la sífilis contraída en su juventud – fue lo que terminó por condenar a Scarface. Y esa lección sigue siendo válida aún hoy para que en Chile estemos mejor preparados para dar batalla al crimen organizado.
En síntesis, un zar del combate al crimen, un sistema sustentado en la innovación y colaboración abierta entre las policías y agencias estatales, leyes más draconianas y el poder de la inteligencia artificial y colectiva, permitirán iluminar las actividades más opacas de la actividad económica y sus vertientes financieras. Son los elementos que necesitamos para contener la peligrosa marea de impunidad que se viene instalando en Chile. Con esta institucionalidad funcionando, debiéramos ser capaces de persuadir a Al Capone que el crimen no paga en Chile.
Gonzalo Jiménez Seminario
CEO Proteus Management & Governance y profesor de ingeniería UC
