Felipe Jara S., Fundación para el progreso

El problema de la casa

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Sr. Director:


La idea de estipular la mayor cantidad de “derechos sociales” posibles en la nueva constitución aún sigue en pie y vigente: sucedió en la convención pasada y en el actual el anteproyecto, dónde se sigue con esa lógica debido a que en el actual proceso constitucional se consagran treinta y un nuevos derechos sociales, cinco nuevos derechos que nuestra actual constitución consagra en su capítulo tercero. Entre esos nuevos derechos del anteproyecto de este nuevo proceso constituyente encontramos el “derecho a la vivienda”, sin dudas un derecho anhelado por muchos y con una significancia preponderante en la historia constitucional chilena, viendo un gran avance para nuestro país, porque nunca se había estipulado un derecho de esta envergadura en nuestro país. Entonces ¿Cuál sería el problema de este derecho y el motivo de este artículo de opinión?, el eventual problema que se podría presentar es un probable colapso en el sistema fiscal. Lo primero que debemos analizar es que el “Estado social y democrático de derecho” el cual está estipulado en el anteproyecto (articulo 3) nos plantea el cambio de paradigma del Estado subsidiario, y por ende ahora será el Estado el encargado de propulsar este tipo de derechos sociales y no los privados de preferencia, y será misión del fisco el construir casa para las casi 650 mil personas que no tienen viviendas. De aquí, nacerá la exigencia del cumplimiento a este derecho, forjando así un segundo problema: la judicialización del derecho a la vivienda. Esto es, el asidero legal que permitirá a las personas, a través de recursos de protección, plantear la exigencia al Estado por el cumplimiento de esta garantía constitucional. Ante esto, los tribunales fallarán a favor – porque es un mandato constitucional – y obligarán al Estado de Chile a construir viviendas dignas, a costas de las arcas ficales.


Para nadie es sorpresa el mal manejo de dineros públicos que ejerce el fisco, donde un dato rápido, como lo es la deuda de CODELCO: 18 mil millones de dólares, aun siendo la empresa estatal que más recauda año a año. ¿Qué más quedará para una actividad sin fines de lucro, como lo será la entrega masiva de viviendas sociales?


No cabe duda de que es positivo avanzar en derechos sociales, como lo es el mismo derecho a la vivienda, entre otros que garanticen una mayor calidad de vida a los chilenos y que permitan avanzar en el desarrollo humano de nuestro país, pero el mecanismo que se está planteado en la actual propuesta constitucional podría ser eventualmente una promesa de campaña, y una catástrofe fiscal.



Felipe Jara S., Fundación para el progreso.


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