Difícil trabajo para Comisión de Armonización

No envidio a los futuros miembros de la comisión de armonización que darán coherencia al proyecto de nueva constitución que será plebiscitada el 4 de septiembre próximo, porque lo que ha surgido hasta el momento del pleno de la Convención Constitucional me causa muchas dudas, pues encuentro incoherencias profundas en sus postulados y conceptos.

En primero lugar, considero que el texto constitucional, para que sea eficiente, debe ser breve y señalar generalidades, para que posteriormente una ley orgánica constitucional particular a cada materia, la aplique según los factores temporales y políticos que nuestra futura historia nacional nos depare.

Es posible apreciar que el proyecto que se está elaborando, peca de excesivo detalle, definiciones, limitaciones y hasta contradicciones.

El 12 de abril se difundió lo aprobado en particular en la sesión 81 de la Convención con relación al tercer informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, que contiene materias tributarias.

En ese texto aprobado se indicó expresamente que “los Gobiernos Regionales y las Municipalidades gozarán de autonomía fiscal para el cumplimiento de sus funciones”, pero también se indica que “el deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal será centralizada, conforme a lo dispuesto en esta Constitución”, precisión que es genérica y no se ha establecido su alcance.

Sin duda que resulta contradictorio empoderar a una división territorial menor como serían los gobiernos regionales y las municipalidades, sin precisar cuál será la jerarquía entre ambas para ayudar a resolver las disputas en la asignación de recursos para la satisfacción de las necesidades de sus jurisdicciones y, a renglón seguido, se empodera al Estado central para velar por la estabilidad del país en conjunto.

Es un principio básico de la Economía que los recursos son limitados y por ello hay que administrarlos de la mejor forma. Por otro lado, un país tan largo como Chile, tiene distintas realidades, amén del hecho que hay diferencias de clima y de acceso a recursos naturales siendo de sano juicio colegir que las necesidades serán diversas y habrá distintos énfasis para reclamar los recursos financieros para dar bienestar a los respectivos ciudadanos de cada subdivisión territorial.

Asumo que será el Estado quien otorgará los recursos a cada unidad territorial según sus necesidades, y cada unidad territorial podrá administrarlos de la mejor forma que sea posible. De ser así, no veo mucha diferencia de lo que ahora ocurre, pues del presupuesto central, se realiza la distribución según las solicitudes y proyectos que cada Gobierno Regional presenta (máxime ahora si sus miembros son de elección popular).

Ahora bien, ¿qué pasará si al reconocer tanta diversidad territorial, las cuales serán representada por distintas autoridades que son personas con diversos talantes para exigir los recursos a las autoridades mayores, existen conflictos cuando se sospeche que hay alguna distorsión en la asignación de recursos? ¿habrá alguna instancia mediadora o controladora?

Otro aspecto que me llama poderosamente la atención es la gran cantidad de adjetivos calificativos y de principios que deben ser respetados para ejercer las funciones de la pléyade de futuras autoridades y divisiones administrativas que tendremos. Por ejemplo, se señala que las entidades territoriales gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos. Es decir, existirán divisiones territoriales que generarán ingresos o, mejor dicho, cobrarán tributos, porque las entidades estatales no generan ingresos, sino los recolectan de los ciudadanos. Independientemente de la conclusión anterior, estas entidades deberán realizar su función financiera ajustándose a “los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica.”

No sé si los constituyentes entienden las consecuencias de tanto detalle, pues se hace pétrea la constitución y es pábulo para cuestionar la función de las autoridades, como así también, se convierten en espadas de Damocles si sus acciones no se ajustan a esos adjetivos calificativos extensamente detallados, so pena de una acusación constitucional al no apegarse a la definición que estará consagrada en la carta magna. Así también, caemos en la complicación de que las mismas definiciones son complicadas, exigentes y hasta contradictorias.

Solo un ejemplo, por eficiencia económica se entiende el usar los recursos de forma “económicamente razonable”. Si la Economía es la ciencia que se preocupa de la asignación de recursos escasos y limitados para la satisfacción de necesidades crecientes e ilimitadas, lógicamente caeremos en la necesidad de generar carencia a algunos sectores en beneficio de otros. ¿Cómo comulgará ese principio con el otro de “suficiencia financiera” que se entiende como la correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento y no discriminación arbitraria, cuidando la igualdad en la prestaciones sociales y desarrollo armónico? Lógicamente que todo eso sería fácil si contáramos con ingentes cantidades de recursos financieros donde el presupuesto nacional pudiera financiar el bienestar de toda la población, pero en un país pobre como es Chile, con poca población y con una cada vez menor inversión en proyectos de largo aliento, como también con una recesión que ya estamos viviendo, muy sensibles a la inflación y con mercado de capitales pequeño (aunque hasta hoy algunos insisten que tenemos un mercado profundo), se hace compleja la asignación financiera y dudo mucho que podamos contar con esos grandiosos recursos, lo que generará tensiones para poder distribuir los ingreso fiscales según las necesidades que ya están emanando y que han sido manifestadas vehementemente en las calles en los últimos 20 años.

Es por estos tremendos detalles de coherencia en la redacción de los articulados que ya han emanado, que considero difícil la tarea de armonización que tendrá que realizar la futura comisión, si esperan elaborar un texto que sea entendible para todos los votantes ávidos de satisfacción de sus necesidades.

Prof. Germán R.Pinto Perry

Director Magister en Planificación y Gestión Tributaria

Universidad de Santiago