Banco Central autónomo

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Javier FuenzalidaLa autonomía del Banco Central periódicamente es puesta en duda por políticos, porque es un islote fuera del su alcance.


Desde 1925 hasta 1989 fue una fábrica de billetes que no resistía la tentación de los políticos para financiar todo tipo de déficit y gastos fiscales. Su directorio lo integraban representantes empresariales, laborales, del parlamento y uno que otros profesional ignorante de la ciencia económica.


Muchos pensaban que era posible crear riqueza real fabricando billetes. En las primeras décadas del siglo pasado fue la tesis de “papelito Zañartu” un ministro de hacienda que creía en ese milagro monetario. Desde de la creación del Banco Central, en 1925, hubo personaje ministros como Guillermo del Pedregal que no creía en las emisiones inorgánicas o ministros de hacienda que simultáneamente eran presidente del banco como Sergio Molina y otros que no sospechaban que fabricar abundancia de billetes a diestra y siniestra generaban inflación y le echaban la culpa a la espiral “salario-precios” como predicaba El Mercurio en tiempo de su director Silva Espejo, o la Cepal que sostenía que la inflación se producía por la concentración de la tierra agrícola, otros le echaban la culpa la tipo de cambio, a los sindicatos, a la importaciones, pero no al cambio calentamiento global inexistente aun.


Hubo excepciones, Guillermo Subercaseaux, su primer presidente, y probablemente el único economista con estudios en Inglaterra en esa época, y entre los políticos el senador Héctor Rodríguez de la Sotta que no cesaba en advertir las consecuencias de una política monetaria a mano suelta.


La reforma de 1960 de Jorge Alessandri fue funesta porque el DFL 240 definió el objetivo del Banco Central: proveer de los medios de pagos suficientes, controlar el crédito bancario, fijar el tipo de cambio, controlar la tasa de interés, controlar la desocupación, el gasto público, la productividad e incentivar el crecimiento económico. Todo eso, manejando las emisiones de dinero. No se sospechaba que con un martillo no se puede martillar, atornillar, cepillar, lijar, aserruchar y clavar. Cada herramienta cumple con un determinado objetivo. El economista holandés Jan Tinbergen explicaba que, una variable económica como el dinero, no puede utilizarse para múltiples objetivos. Cada herramienta para cada meta, tal como las del carpintero.


Finalmente, en 1980 la constitución determinó la autonomía del Banco Central para dejarla fuera de las garras políticas. Su ley orgánica 18.840 de 1989 establece un único objetivo, la política monetaria para preservar la estabilidad del nivel de precios y proveer a la economía de los medios financieros para un sano medio macroeconómico. Su consejo se constituyó con el nombramiento por el presidente de la república y aprobación por el senado. De ahí en adelante, ha estado integrado por excelentes economistas y responsables por la política monetaria.


La inflación anual durante casi todo el siglo XX iba de 20 % hacia arriba. Algunos años llegó al 70 % como en 1955 y 600 % en 1976. A partir de la autonomía se trazó un programa de estabilización paulatino que en un período de 10 años logró la estabilidad del nivel de precios y fijar una meta de inflación entre 1 y 3 % anual, lo que se ha cumplido salvo algunos años aislados como el actual, siendo la excepción. Hoy es impensable una inflación superior al 10 % mucho menos 600 %.


Con todo, no faltan voces que promueven el fin de la autonomía para que el ministro de hacienda pueda trabajar con soltura. El abogado Atria declara que el Banco Central se puede equivocar (demasiado o poco dinero) y causar muchos “perjuicios y sufrimientos”, cosa que no ha ocurrido y lo critica por ser un “enclave autoritario” debido a la excelencia profesional y técnica que ha caracterizado su consejo inmune a la política contingente.


El estado cuenta hoy con una serie de instituciones autónomas con objeto de gestionarlas profesionalmente y libres del cuoteo político como es el caso del Banco Central, la Comisión del Mercado Financiero, el Consejo para la Transparencia, el Consejo de la Alta Dirección Pública, quedando aun un buen número de empresas estatales e instituciones en cautiverio por los políticos y que debieran transformarse en unidades autónomas, aunque financiadas por el estado. Sename, Corfo, Indap, Conadi, Sercotec, Junji, Onemi, Ine, Fne, Sernatur, INP, Parque Metropolitano, Instituto Antártico, INP, EFE, S Agrícola Isla de Pasca, B Estado, INDH, etc., etc. La lista puede ser interminable.



Javier Fuenzalida A.

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