¿Y la justicia?

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Javier FuenzalidaExiste un amplio consenso en Chile que la justicia, a la luz de las sentencias que emite cuando las hay, dejó de ser eficiente, justa o buena y, además, cara. El acceso es limitado para una parte importante de nuestra población de ingresos medios y bajos, quedando desprotegidos cuando son víctimas de actos penados por la ley. Para obtener una reparación por los daños sufridos, deben contratar un abogado penalista o recurrir al ministerio público que no asegura contar con una asistencia jurídica de calidad. Los juicios son interminables, primero para que un juez inicie el proceso en que ambas partes recurren a una batería de triquiñuelas legales para dilatar cuanto sea posible una sentencia, tanto de parte del defensor (en caso de que sea el victimario) o del acusador (si es la víctima). Los plazos se extienden para años y puede darse el caso que el acusado o presunto hechor pase un largo tiempo, algunos años.


Antiguamente se decía quien robase una gallina podía ser penado a cinco años de cárcel, un exceso. Hoy se puede robar una gallina de lujo, un Mercedes Benz, y salir impune o ser condenado a reclusión nocturna (un chiste), cumplir la condena en su casa (otro chiste) o salir libre antes de cumplir la condena porque unos psicólogos y criminalistas sostienen que ya no es un peligro para la sociedad.


Los únicos juicios de resolución rápida son los juicios de cobranza porque la ley ha determinado que el documento que acredita la deuda, el pagaré, la letra de cambio cheque, tiene mérito ejecutivo. Esto es, se presenta como prueba, se da, por cierto, no estando sujeto a alegatos entre las partes y el juez puede dictar de inmediato la sentencia. La ley sobre la firma y factura electrónica le dio también mérito ejecutivo. Con esto los actos de comercio han quedan suficientemente defendidos cuando una de las partes no cumple lo acordado, no así los demás actos en contra de las personas o sus bienes.


En el resto de los juicios, sean penales o civiles, la justicia marcha al compás de tortuga, lo que pasa a constituir un aliciente o un incentivo perverso para los delincuentes que roban, destruyen la propiedad, o incluso hieren o matan y quedan libres o con penas irrisorias alegando intachable conducta anterior o ignorando conductas delictivas anteriores. Hoy algunos políticos promueven el indulto y la condonación a quienes están o estarán siendo enjuiciados por daños a la propiedad y a las personas en protestas violentas. ¡Grandes políticos!


Los medios, en particular la televisión, casi a diario da cuenta de delitos cuyos procesos se han alargados por años hasta que un tribunal finalmente dicta sentencia, sin opción de apelación o el proceso es suspendido o borrado. En 2019 ingresaron 1.685.290 causas. La población afectada con sentencias de privación de la libertad alcanza a más o menos 80.000 personas de las cuales cerca de 51.000 las cumplen en la cárcel ¿Qué destino tienen el resto? Solo el 2,2 % fueron objeto de sentencias.


Pero, aun así, el presidiario, incluso el de cadena perpetua, tiene la esperanza que cumplida una fracción de la pena, quede en libertad o la solicita a una comisión de psicólogos y abogados que llegan a la conclusión que la prisión lo reformó. No hace mucho, uno de estos reformados, nuevos inocentes, incurrió en crímenes en Valparaíso, contrariamente al informe de psicólogos y abogados que lo libero por encontrarlo “bueno”.


Dada esta penosa realidad y la nula acción del poder judicial para reformar y modernizar la justicia, siempre se espera que los otros organismos del estado tomen la iniciativa. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para la reforma penal vigente? ¿Cuántos años tendrán que transcurrir para la reforma del código civil que desde hace casi una década duerme en el escritorio del ministro de justicia?


Ante esta pasividad, la ciudadanía pacientemente ha estado esperando que el poder legislativo o el poder ejecutivo tomen la iniciativa.


Estamos a 17 días de la segunda vuelta de la elección presidencial. Seis ciudadanos concurrieron como candidatos a la primera vuelta. Discursearon, debatieron por la televisión, se insultaron o se descalificaron entre ellos, escribieron extensos programas, más de 150 páginas cada uno, visitaron el país de norte a sur, pero sobre una reforma judicial casi nada.

El Servel exige que cada candidatura inscrita acompañe su presentación con el respectivo programa de gobierno. Examinando los programas de los sobrevivientes, Kast, Boric, Provoste, Sichel y Parisi se constata que estos latos programas le dedican la justicia solo unas cuantas líneas, como para decir algo. Nada concreto, vaguedades, ningún plan.


Kast con 829 propuestas, en la página 26 tiene dos párrafos el 28 y 29 en que en 8 líneas dice que “la judicatura está ralentizada y se requiere innovación, agilidad y accountability” y que la “creación de ficciones jurídicas por parte del poder judicial constituye una transgresión constitucional inadmisible”


Por su parte, Boric en la página 34 de su programa señala dos ideas: una reforma al código penal en base a la igualdad ante la ley y generar un sistema que permita avanzar en la mitigación de trayectorias delictuales (¿?). Agrega en el siguiente párrafo que se requiere reforzar las medidas de persecución penal con la labor policial.

Sichel es más extenso, en un párrafo de 90 palabras en la página 28 promete que se modificará el código penal, se definirán nuevos delitos y nuevos medios probatorios.


Provoste le dedica cuatro resumidos párrafos: dar nuevos incentivos a jueces para evitar un cierre irresoluto a las causas (¿cuánto dinero en cada caso?). En el segundo propone modificar el proceso de nombramiento de magistrados. El tercero es solo una crítica a las peleas entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional por las facultades exclusivas que cada una alega poseer. El cuarto se refiere a que la Corte Suprema crea ficciones jurídicas inconstitucionales.

Parisi parece estar conforme con la justicia actual porque no la nombra.

Llama la atención que, existiendo unanimidad en el país respecto de la precariedad de nuestro sistema judicial y sus leyes, los candidatos han sido pródigos en cuanto a una variedad de temas que cubren entre 150 y 200 páginas, pero tan espartanos u omisos respecto de algo que todos concordamos en que necesita reformas urgentes. No basta con decir que hay que hacerla. Deberían haber sido explícitos en propuestas concretas como lo han hecho respectos de otros temas.


La única explicación es lo que revelan las encuestas respecto a las prioridades. La justicia no aparece, o no se incluye en el cuestionario (cadem, criteria, ipsos).


Así las cosas, me temo que el sistema judicial chileno continuará como lo ha sido hasta ahora, quedando las víctimas de delitos en una inaceptable indefensión.



Javier Fuenzalida A.

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