​El Voto Obligatorio y Compromiso Social

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Eduardo Gandulfo

De la concepción moderna de la política se dice que implica que el Estado sólo aseguraría los procesos electorales, pero no habría de tener un especial estímulo para la participación ciudadana. Ello porque sería el autointerés, mas no la virtud, lo que motiva el comportamiento político (Sunstein). Se agrega que el derecho al voto político sería un derecho subjetivo, y sería contradictorio transformarlo en una obligación, de manera que es de libre decisión y consecuencia individual ejercerlo o no. Añádese el refuerzo de que quien no asume los resultados legales electorales, puede verse enfrentado a la coacción estatal.

Todo aquello suena a manual de primer mundo, pero muchas veces la realidad sobrepasa esa mirada plácida. Desde el estallido social de octubre de 2019 nuestra democracia se vio asediada, con buenas o malas razones, por millones de ciudadanos en todas las grandes ciudades y aun en los pequeños pueblos, en una revolución ciudadana sin precedentes. Todo a un altísimo costo para la democracia, los derechos humanos, la economía, y para todos los ciudadanos.

Aquel costo trae a colación un fundamento bien realista de parte de K. Popper acerca de la democracia, de utilidad para nuestro proceso político: es una cualidad de la democracia ser un método para producir el cambio de gobierno, sin violencia, sin derramamiento de sangre. En lo nuclear de esta concepción hay una alerta a lo más profundo que representa la democracia en términos consecuencialistas negativos. Se trata de producir un proceso civilizado, mediante el voto de cada ciudadano, para la elección, control y cambio de gobernantes y programas políticos de conducción de la sociedad, intentado evitar, mediante esta vía alternativa, millones de afectados, directa o indirectamente, por una revolución social, así como desalentar las mismas.

Es civilizada la solución democrática no sólo porque apunta a evitar el derramamiento de sangre. El voto, más que un derecho subjetivo a una prestación, es un poder jurídico o competencia a participar en un proceso de toma de decisión colectiva. Luego, lo civilizatorio está en buscar la opinión de todas las personas, en uso de su autonomía moral en este proceso, para la solución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad y decidir la hoja de ruta de corto o largo plazo de aquélla, en reemplazo del uso de la violencia. Por supuesto que dicha solución no es una carta blanca para el gobernante, ni necesariamente una legitimación absoluta hasta el término de su período, cuestión más bien contingente en lo político; problema ante el cual nuevamente requiérese de una solución democrática. Así, hay una apelación doble a la moralidad política, por consecuencias y por principios. Justamente, es dicha apelación la que legitima las soluciones democráticas, así como las decisiones tomadas en su conformidad, y excluyen moralmente y en mayor medida las vías violentas.

En el voto obligatorio se envuelve un compromiso moral de parte de la ciudadanía con el proceso social de decisión democrática, como forma civilizada de solución que la vincula. Los que no participan de ella, si bien quedan al margen, como hemos experimentado cada vez más en el proceso de horadación de nuestra democracia, se tienden a autopercibir ajenos al proceso de decisión, y la democracia aparece como el juego de otros, dejando a la sociedad más inclinada a las soluciones no institucionales violentas. Si el proceso democrático involucra moralmente a todos en el juego de competencia y resultado popular mediante la participación efectiva en el voto (obligatorio), aparecen éstos como mecanismos institucionales para hacer menos probable las inclinaciones a las soluciones no pacíficas.

La dañosidad social de las vías violentas en la toma de decisiones políticas nos afecta a todos en múltiples dimensiones, como penosamente hemos vivido, e implica, por vía consecuencial, una responsabilidad de moralidad política de cada uno para con los otros, al amparo del deber de cuidado mutuo, como expresión de una sociedad cooperativa, a efectos de evitar los daños derivados de las vías de hecho. La democracia, entonces se vuelve un valor deseable, y la efectividad del voto de todos los ciudadanos una necesidad comunitaria de legitimación y bienestar social.

En fin, más bien que un derecho prestacional, el voto es ejercicio de un poder jurídico-político fundamental, para participar en la toma de decisiones de cambio de gobernante y programa político, y el compromiso moral ante la dañosidad social implicada, es una razón que apoya el acompañar el voto con un deber jurídico, como otro poder-deber, a efectos del cuidado del bienestar social, para hacer menos probable que los cambios de política impliquen un derramamiento de sangre y un perjuicio social general.


Eduardo Gandulfo R.

Abogado

Master en Argumentación Jurídica