9 años después

Con mucha sorpresa leí el proyecto de ley que votó la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada, que proponían aumentar “transitoriamente” la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC) a un 30% por los ejercicios comerciales 2021 y 2022 a las “megaempresas”, como una forma de aumentar la recaudación tributaria aparejada de la moción de establecer un impuesto para los super ricos, todo ello con el objeto de crear un fondo para ir en ayuda de los sectores más desposeídos del país.

Se considera “megaempresas” aquellas cuyos ingresos brutos del giro sean superiores a 1.000.000 unidades de fomento (UF) como promedio en los últimos 3 ejercicios comerciales y que sean empresas “acogidas al régimen contemplado en la letra A del artículo 14” de la Ley sobre Impuestos a la Renta (LIR).

Mucha sorpresa me causa la improvisación y desconocimiento que demuestran nuestros legisladores al colocar como requisito que las empresas que se verán afectadas con esta nueva tributación, deban cumplir con la exigencia de estar acogidas a la letra A del artículo 14, pues es imposible que una empresa con tal nivel de ingresos esté ubicada en otro régimen.

Pero más me llama la atención la propuesta de establecer una tributación escalonada para el IRPC, pues esa propuesta yo la realicé hace varios años atrás, precisamente el 3 de octubre de 2012 en este mismo Diario Estrategia, cuando manifestaba mi frustración ante la publicación de la Ley 20.630, que también fue una reforma tributaria, y que califiqué de “macetero”, por ser una reforma muy pequeña para poder enfrentar “las necesidades sociales que se están sintiendo en nuestro país”. Sin duda que, si la autoridad hubiera reaccionado en esos años, nos hubiéramos ahorrado todo el debate que estamos realizando ahora, y tal vez, haber hecho los cambios hace 9 años atrás, hubiera sido una especie de vacuna Sinovac o Pfizer que hubiera morigerado los síntomas de los problemas sociales que estamos sufriendo ahora y que nos tiene ad-portas a un nuevo estallido social.

Desde esos años he manifestado mi opinión de que “para tener realmente un cambio en el sistema hay que pedir un esfuerzo a las entidades que realmente generan riqueza en Chile, que son las grandes compañías” y cambiar el paradigma doctrinario de que el Impuesto a la Renta de Primera Categoría tenga el carácter de “real”, es decir, que se aplique sin considerar las características particulares de los contribuyentes, afectando con una tasa pareja a toda cantidad de renta generada. Algo de esto se aplicó en la ley 21.210 del año pasado, cuando se estableció que las pymes se afectaran con una tasa del 25% y las grandes empresas con una tasa del 27%. Sin duda que esta separación era ineficiente y la brecha parecía ridícula. Eso se hizo palmario con la crisis por la pandemia que estamos viviendo y fue necesario ayudar a las pequeñas empresas aplicando por los años comerciales 2020, 2021 y 2022 una tasa del 10%, según estableció la ley 21.256 de septiembre del año pasado.

Pues bien, con la propuesta que ahora presentan las y los diputados, tendríamos un rango que considera el nivel de los ingresos entendiendo que, todo contribuyente con ventas hasta 75 mil UF pagaría por un tiempo limitado una tasa del 10%; aquellos ubicados en el tramo de 75 mil y 1.000.000 de UF, una tasa del 27%; y aquellas que tengan ingresos superiores al 1.000.000 de UF, una tasa del 30%.

En el año 2012 yo postulé que las pequeñas empresas pagaran una tasa del 10%; las medianas, una tasa del 20%; y las grandes una tasa del 30%. Mi propuesta no era temporal sino permanente, generando de esta forma un horizonte que permita proyectar la rentabilidad de los negocios y garantizar los flujos de ingresos al Fisco para planificar las ayudas sociales que la ciudadanía está demandando ahora, y que desde antes del año 2012 está haciendo notar sus voces.

Hace más de 9 años que la población viene alegando mayores beneficios fiscales y en todo ese tiempo se han ofrecido parches y soluciones parciales que no evitaron la presión que estamos viviendo, y nos vemos obligados a tomar medidas desorientadas y empapadas de inspiraciones políticas, alejadas de fundamentos técnicos.

Prof. Germán R.Pinto Perry

Director Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Tributarios – NRC

Universidad de Santiago