​FNE pide limitar participación de usuarios relevantes en futura concesión del principal puerto de Aysén

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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) participó ayer en la audiencia realizada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco del proceso seguido para establecer las condiciones de competencia que deberán regir la licitación del Puerto de Chacabuco, llevada a cabo por la Empresa Portuaria Chacabuco (Emporcha).

En el alegato, el subjefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía, Alejandro Domic, solicitó al Tribunal que establezca un conjunto de medidas estructurales y conductuales a las que deberá someterse el futuro concesionario del puerto, para evitar posibles riesgos contrarios a la libre competencia, como, por ejemplo, que esta infraestructura sea utilizada como una barrera a la entrada o expansión de los demás actores del mercado de transporte marítimo, restringiendo que sea operado por una empresa relacionada al otro puerto existente en la bahía de Chacabuco o por la posible integración vertical entre quien lo administre y sus principales usuarios.

En particular, la Fiscalía pidió al Tribunal que restrinja a un máximo de 40% la participación que los usuarios relevantes del puerto puedan tener en la propiedad, derechos societarios o utilidades de la empresa concesionaria. En la misma línea, solicitó que establezca índices tarifarios regulados de forma separada para el terminal de transbordadores y los de carga general e indicadores de calidad de servicio desagregados por cliente, para fortalecer la capacidad fiscalizadora de Emporcha y comparar el trato que otorgue la concesionaria a sus empresas relacionadas y a las no relacionadas.

La FNE advirtió que el riesgo más relevante corresponde al segmento de navieras especializadas en transbordadores y el de agentes de naves, ambos altamente concentrados. Actualmente la empresa Navimag y sus relacionadas superan el 80% de participación en el transporte de carga por vía marítima y multimodal.

Esta solicitud ya había sido formulada por la FNE en el informe que entregó en octubre al TDLC en este proceso. En dicho documento, la Fiscalía destaca que, a diferencia de casos anteriores conocidos por el TDLC sobre puertos de la zona norte y central, Puerto Chacabuco es la única infraestructura portuaria capaz de recibir el principal flujo de carga de la región, que corresponde a cabotaje desde y hacia Puerto Montt mediante naves transbordadoras que transportan camiones y otros vehículos.

Ese informe, elaborado por la División Antimonopolios, indica también que existen barreras relevantes a la entrada de nuevos puertos en la zona y a la expansión de los existentes, por lo que coincide con Emporcha en que se debe prohibir a quienes administren otros puertos en la misma zona (como el de la empresa Oxxean) participar en la licitación.

Respecto de las condiciones de competencia en la licitación, la FNE concuerda con la propuesta de Emporcha de asignar la concesión a quien ofrezca las menores tarifas de servicios básicos a usuarios, como ha sido ordenado consistentemente por el TDLC en este tipo de licitaciones.

El proceso seguido ante el TDLC da cumplimiento a lo ordenado por la Ley 19.542 de Puertos, que exige a las empresas portuarias públicas contar con un informe del TDLC para otorgar concesiones hasta por 30 años cuando lo adjudique a un solo operador o no exista en la región otro frente de atraque público capaz de atender a la nave de mayor envergadura y capacidad que lo utilice.