La lección de sendero luminoso

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El conflicto de la Araucanía ha ido escalando en cuanto al grado de violencia y la tensión nacional que ocasiona. De un conflicto que se visualizaba como uno de tipo local, en que comunidades mapuches reclamaban por derechos de propiedad que les habían sido conculcadas en el pasado, se ha avanzado a un conflicto que envolvería intervención extranjera y grupos eventualmente ligados al narcotráfico. Un conflicto que se vincula también activamente a la situación nacional, en medio de álgidos reclamos en materia económica, social y política. Así, de las acciones de protesta focalizadas por parte de las comunidades, se ha avanzado hacia actos de desobediencia civil y de amenaza al estado de derecho, incluyendo la comisión de actos terroristas que han costado la vida a muchas personas en medio de un escenario de creciente violencia. Indudablemente el conflicto de la Araucanía se ha ido posicionando cada día más como uno de trascendencia nacional, requiriendo decisiones a nivel de Estado en las múltiples facetas que ha adquirido, muchas de las cuales se encuentran aún restringidas al escrutinio público.

El debate político se centrado últimamente en si acaso debe o no declararse un estado de sitio en la región imponiendo un control militar. Las afirmaciones sobre los temas de fondo escasean notablemente, con dos grandes corrientes de pensamiento. Unos argumentan sobre la base de las aspiraciones del pueblo mapuche, que no habrían sido escuchadas a lo largo de las últimas décadas, sin explicitar claramente cuáles son esas aspiraciones y propuestas sobre cuya base debiera resolver el Estado. Desde este mismo punto de vista otros señalan que no son justificables las reivindicaciones territoriales alegadas y que el Estado chileno ha hecho grandes esfuerzos para proveer apoyo al desarrollo social y económico de una zona muy retrasada. Otros argumentan que esta es simplemente una acción organizada contra el Estado, incluso aludiendo al financiamiento externo, al entrenamiento militar de civiles y al rol de agentes extranjeros en las acciones. Ello ha llevado al líder más reconocido de la más visible organización mapuche a declarar la guerra al Estado chileno. Dentro del campo de las interpretaciones, se alude a la incidencia del narcotráfico en el financiamiento de estas actividades, y a las motivaciones políticas subyacentes en el terreno nacional. Así, para unos se debería continuar en un diálogo con las comunidades y movimientos envueltos, mientras que para otros la solución es simplemente una intervención militar en la zona.

José Rodríguez Elizondo ha ofrecido opiniones centrado en su conocimiento del caso de Sendero Luminoso en el Perú, proveniente de su amplia experiencia diplomática. Este movimiento se mantuvo primero en un período de germinación durante la dictadura militar del Perú, y luego habría explosionado bajo los gobiernos democráticos de Belaúnde y García, cuando brutales demostraciones de violencia tuvieron lugar en Lima. Sólo logró ser eliminado a partir de un gobierno no democrático con los derechos humanos vulnerados. La tardanza del Estado en abordar el problema de fondo, planteado como un ideologismo de extrema izquierda, es que hubo demora en percibirlo como un problema nacional dado que el mismo estaba restringido a la zona de Ayacucho. Esto tardanza fue fuente de profundización de las acciones de dicho movimiento y de los costos de eliminarlo.

La opción de militarización, de acuerdo a esa experiencia, tiene un importante costo por la división que provoca en la ciudadanía ante lo que se observa como un enfrentamiento entre connacionales, lo cual llevaría hasta a una desmoralización de las propias fuerzas militares. Sin embargo, una gran lección del caso Peruano, es que no se puede dejar desatendida la violencia descontrolada, la que debe ser rápidamente asumida como un tema de Estado, de índole nacional. Como afirma Rodríguez, el costo de la indecisión radica en los políticos quienes no asumen la acciones violentas como tema de Estado “y, peor, todavía, si estiman que son una buena oportunidad para desestabilizar al gobierno”. Esta reflexión es importante efectuarla con sinceridad ante el país, sin dejar de considerar que la rapidez en las decisiones y en la resolución del conflicto, es el instrumento más vital para defender la democracia y la vida ciudadana. La opción política, que también mucho se menciona, debe precisar con claridad el marco de un eventual diálogo y la relación de ello con la discontinuación de las acciones violentistas.

Se trata pues, de una decisión política que no se ha enfrentado sino con declaraciones y acciones efectistas. Los Poderes del Estado no han dialogado sobre los escenarios factibles en el curso de acción que se adopte, mientras la población de la Araucanía sufre los efectos insostenibles de la violencia y el terrorismo. Aquí se aplica una regla básica de la gestión: la peor decisión es no tomar una decisión. 


Prof. Luis A Riveros