Agua sin uso

|

Javier Fuenzalida A

El Código de Aguas la define como un recurso nacional de uso público. No es privada como erróneamente argumenta la izquierda. Pertenece a la nación. Sin embargo, como todo bien escaso (exceso de demanda), existen derechos de uso del agua que son otorgado a quien los solicita cuando en una cuenca hay disponibilidad. Esos derechos de uso (que no constituye propiedad sobre el caudal) son permanentes, temporales, consuntivos o no consuntivos y además transferibles. Sin embargo, la oferta es fija (el mundo y nuestro sistema planetario es estable) y el país crece demográficamente, lo que genera un exceso de demanda, dada la infraestructura actual de obras para su uso. En 2005 se estableció un gravamen, una patente por no uso como una especie de penalidad por ociosidad.


Nuestras autoridades lloran como una magdalena porque, ignorantemente, afirman que el agua se está acabando y el estado debe intervenir, sea racionándola o fijando un precio y fiscalizando su uso por medio un comisariato de subsistencia y precio como existió hasta en el siglo pasado en el caso de bienes de primera necesidad. No resuelve el problema y crea una especie de cohecho acuático.


Por otra parte, los técnicos, incluyendo funcionarios públicos especializados en el tema, saben, por estudios de larga data, que el 80 % del agua en Chile se va al mar. ¿Cómo es posible que falte agua? Por dos razones, Chile en cien años ha pasado de ser un país de 5 millones de habitantes a uno de 18, por lo tanto, el consumo per cápita ha aumentado pero la oferta de agua, determinado por la naturaleza se mantiene constante con ligeras variaciones. Además las obras de infraestructura no han sido prioritarias en comparación con vialidad, metro de Santiago, aeropuertos, etc.


De ahí que la solución no es prohibir o derogar los derechos de uso sino invertir en la infraestructura que permita que, al menos, un 5 % de ese 80 % del agua que llega al mar, sea previamente utilizado para el consumo humano y como insumo agrícola, minero, industrial y de servicios.


Por otra parte, la disponibilidad geográfica del agua no es uniforme. Norte árido y sur acuoso. Es por ello que los expertos proponen una carretera que permita transportar agua desde el sur al norte del país, sin arriesgar el ejercicio de los derechos puesto que el flujo sería una fracción de lo que llega al mar.


¿Locura? No. Históricamente muchas culturas y países lo hicieron. Los faraones egipcios construyeron un canal para unir el mar Rojo con el Mediterráneo hasta que un califa en el siglo VII ordenó destruirlo. Los chinos han sido famosos por su sistema de canales. Luis XIV hizo construir el Canal Du Sud para unir el atlántico con el mediterráneo. Aun se usa. Lesseps construyó el canal de Suez e inició las obras del Canal de Panamá. Europa y Estados Unidos están llenos de canales. Perú ha estado construyéndolos De ahí que pensar un canal de sur a norte es algo factible. En Chile se construyeron una serie de canales locales como el de las Mercedes, del Maipo, Maule, Laja, etc. para atender las necesidades de producción y consumo humanos. Todos de utilización local.


Para resolver la “escasez” actual, que no es de agua sino de infraestructura, existen dos proyectos, uno una carretera hídrica pegada a la cordillera y otro un acueducto submarino. Ambos proponen transportar agua desde el Bio Bio o más al sur para llevarla hasta Copiapó. De cada las hoyas hidrográficas se extraerían no más del equivalente del 5 % del caudal en su desembocadura con objeto de no arriesgar ni perjudicar los derechos de agua de los usuarios de cada área, para abastecer de sur a norte agua potable, para regadío, energía, industria, etc. Con ese caudal podrían ponerse bajo riego 1 millón de hectáreas y reponer los acuíferos subterráneos.


¿Cuánto cuesta? Lo que sea porque hay que hacerlo. El acueducto subterráneo demandaría una inversión del orden de US $ 8.000 millones. La carretera hídrica el doble. Sin embargo, esta última permitiría un mayor uso que el subterráneo.


¿La plata? US $ 15.000 millones no es poco, pero el estado puede realizarlos. En el metro de Santiago ya se han invertido US $ 13.000 millones. En agosto pasado el gobierno informó sobre un plan de recuperación con inversiones en infraestructura de US $ 34.000 millones de dólares, pero no contempla la solución para resolver el uso del agua que se va al mar. ¿Por qué no una carretera hídrica? Se puede, por ejemplo, vender Codelco cuyo valor contable es de US $ 14.000 millones. La licitación permitiría recaudar una suma mayor de acuerdo con la tasa de retorno de una evaluación de esa empresa. El estado continuará percibiendo el royalty de la minería y el impuesto de renta de la empresa. Es la oportunidad porque estamos entrando de nuevo en un ciclo de alza del cobre. Dicho sea de paso, el cobre ya dejó de ser el sueldo de los chilenos hace varias décadas.


Otra alternativa es que el estado lo financie con sus recursos. Puede destinar a la carretera hídrica anualmente US $ 2.000 millones con cargo a su presupuesto, un tercio de lo que se lleva gastado por la pandemia y recesión del 2020. Rescatar US $ 3.000 millones del fondo de reserva estabilidad económica, emitir deuda por US $ 10.000 millones a 50 años.

Chile goza de una buena reputación en los medios financieros internacionales que le permite obtener un muy buen resultado en la colocación de bonos de largo plazo. El EMBI para Chile (el recargo a la tasa de interés a que le prestan al país) es hoy de 134 puntos base. Esto es, si la tasa de interés A 10 años en el mercado internacional 1,14 % anual, a Chile se le presta al 1,15 %. Para tener una idea de la percepción del riesgo país el mercado le ha asignado 253 puntos base a Brasil, 362 a México, Argentina 1.445, a Venezuela 24.104 puntos base.


Hay que aprovechar la oportunidad. Este es un tipo de inversión que no puede continuar esperando.



Javier Fuanzalida A.

javierfuenzalidaopina blogspot

javier fuenzalida asmussen linkedin