De Tribasa a Nuevo Pudahuel
En 1984 el PIB chileno cayó en 14 %. La desocupación llegó hasta el 20 %. Innumerables empresas de todos los sectores de la economía y del sistema financiero quebraron. Ninguna recibió condonaciones, compensaciones, perdonazos por parte del estado, salvo el acceso a créditos, con tasas acordes con las del mercado internacional, para reiniciar sus actividades, los que fueron pagados en un largo plazo. La crisis financiera internacional que se vivía obligó al estado a intervenir el mercado, como el manejo del tipo de cambio, alza transitoria en los aranceles, tributos y déficit fiscal, políticas de beneficios generales a todas las actividades económicas. Con todo, no pocos inversionistas y empresarios perdieron sus patrimonios.
Para restablecer el flujo de pagos el Banco Central por comprar la cartera vencida de los bancos con pacto de retrocompra cuando la economía se recuperara, para lo cual tenían tal deuda tuvo el carácter de subordinadas, esto es, debía pagarse con preferencia antes de la distribución de utilidades. El estado actuó de intermediario financiero entre los nuevos inversionistas (acciones clase B) que recibieron un crédito de Corfo para comprar las nuevas acciones, pagadero con el futuro flujo de utilidades que se generarían. En este proceso, acciones clase A de los antiguo propietarios pasaron a tener un valor nominal igual a $ 1. No hubo perdonazos ni compensaciones.
En materia de la deuda externa privada, se dictó el capítulo 13 del Compendio de Operaciones Financieras que permitió a los acreedores extranjeros de los deudores chilenos comprar activos productivos en el país en condiciones de mercado.
En los años siguientes, entre 1985 a 1998 la economía chilena experimentó el mayor progreso de su historia, un crecimiento promedio de 7 % anual caracterizado por los equilibrios macroeconómicos, un ordenado gasto público regido por la ley del presupuesto estructural, estabilidad monetaria, bajos aranceles, apertura del mercado de capital, tipo de cambio variable, subscrición de tratados de libre comercio con cerca de 50 países, una amplia libertad económica que le valió una gran credibilidad internacional. Fue el respeto por las reglas del mercado.
Así pudo enfrentar las siguientes crisis internacionales sin grandes dificultades como fue la asiática de 1997 y la subprime del 2007. Es más, aprovechó la bonanza de los precios de los bienes primarios para constituir dos fondos de reservas, uno destinado a las pensiones y otros para la estabilización económica para eventuales futuras crisis como la actual. Dichos fondos hoy suman US $ 21.000 millones.
Al mismo tiempo el país requería de grandes inversiones en infraestructura, lo que se ha ido realizando mediante el sistema de concesiones. El único fracaso ha sido el del grupo mexicano Tribasa, de pésima fama en México, al que se le caducó la concesión de la autopista Santiago-Los vilos por incumplimiento del contrato, reasignándolo a otra empresa.
Esta es la historia que el consorcio Nuevo Pudahuel no puede eludir. No hay duda de que sus abogados chilenos le relataron, la forma como el estado lo enfrentó, lo que hace impresentable las pretensiones de esta concesión al solicitar una compensación para subsanar sus dificultades financieras, cualesquiera que sean su origen. Hoy es la crisis internacional del Covid19 que nos afecta a todos, productores y al propio estado y que nadie es el responsable. Uno de los socios del concesionario Nuevo Pudahuel, Ansaldi, se ha declarado en quiebra en Italia y en Chile como así mismo el operador italiano del proyecto NBI Spa. El consorcio pretende que el estado chileno pague una compensación financiera debido a la caída de sus ingresos por el menor tráfico de AMB y el desfinanciamiento de la ampliación que, de acuerdo, al contrato de concesiones, debía haber entrado en operaciones en diciembre pasado con una inversión del orden de US $ 1.000 millones.
Suponemos que tales atrasos y la falencia de Ansaldi generan un incumplimiento del contrato, causal de caducidad y convocar a una nueva licitación. En ningún caso de justifica premiarlo arbitrariamente con un Kino. Debe tenerse presente que en las actuales circunstancias el estado chileno está ejecutando programas en auxilio de sus ciudadanos que están enfrentando graves dificultades derivadas de la pandemia. Son prioridad.
La sociedad Nuevo Pudahuel es controlada por Groupe ADP (45 %) sociedad estatal francesa y por los italianos Vinci Airports (40 %) y Astaldi Concessionni (15 %) empresas con décadas de experiencia en la construcción y operación de cerca de 150 aeropuertos por el que transitan más de 500 millones de viajeros anuales y que le reportan ingresos del orden de US $ 18.000 millones. Seguramente no es la primera vez que deben enfrentar dificultades económicas y financieras que han sabido como subsanarlas recurriendo a los mercados financieros e inversionistas. Las acciones de la concesionaria se encuentras debidamente prendadas a favor de los acreedores.
El contrato que rige la concesión establece las causales que darían lugar a multas, compensaciones y la caducidad del mismo como es el caso presente, como tampoco premios por eficiencia. El contrato podría dársele término por incumplimiento grave de la sociedad, mutuo acuerdo con el estado o por razones de interés público. Ninguna de la cuales se ha verificado, por lo que no corresponde el pago de una indemnización. De ahí que la petición de Nuevo Pudahuel es un tiro al aire “por si pasa”, desconociendo la historia económica del país como he resumido en los primeros párrafos en que los inversionistas, nacionales y extranjeros, han desarrollado sus proyectos evaluando las tasas de retorno y la exposición a riesgos futuros propia de toda actividad empresarial.
Los riesgos derivados de eventos inesperados tales como catástrofes naturales, como es el caso de Covid, actos terroristas, incumplimiento arbitrario, desastres por defectos en su desarrollo, y otros, son asegurables y como se informa en la memoria de 2019, hay contratos vigentes de tales seguros que cubran tales eventualidades acordes con la larga experiencia de sus controladores de más de 70 años en cerca de 50 países. Una razón más por la improcedencia de la pretendida compensación.
Respecto de la compensación solicitada, no existe información pública disponible de los estados de situación trimestrales presentados a la Comisión del Mercado Financiero y la sociedad no justificado la ayuda financiera del gobierno chileno.
Como Condorito ¡PLOP!
Javier Fuenzalida A.
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