Estado subsidiario vs Estado garantizador de derechos

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German PintoHace poco escuché a un joven señalar que debíamos cambiar el “Rol Subsidiario del Estado” por el “Rol de Estado Garantizador de Derechos”, declaración que me preocupó porque demuestra lo confundido que están los jóvenes y muchas personas que están a punto de participar de un proceso único en nuestra Historia, como es decidir el cambio de nuestra carta magna.

Me preocupa la declaración de ese joven, porque demuestra lo permeable que es nuestra juventud al distorsionado discurso que algunos sectores están difundiendo y confundiendo a la población al señalar que una nueva Constitución les dará la dignidad y felicidad que la actual Constitución les impide lograr, pese a que el artículo primero de la norma vigente señala expresamente “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”. Claro está, que una cosa es que esté escrito y otra que se cumpla.

Para algunos, el cambio está en eliminar la expresión “contribuir a”, logrando de esta forma el imperativo al Estado para que efectivamente otorgue la felicidad a toda la población.

La garantía que pide el joven puede ser perfectamente lograda con el actual texto de la Constitución, porque el Rol Subsidiario del Estado (RSE) está orientado al logro del máximo bienestar social por medio de sus dos connotaciones: la pasiva y la activa.

Vuelvo a precisar que la actitud pasiva es la que hemos visto en los últimos 30 años de gobiernos que no han sabido utilizar este rol para lograr el bien común, porque han sido actores indiferentes que han permitido que los particulares tomen la iniciativa en la satisfacción de necesidades sociales básicas, facilitando el lucro desmedido sin que ello redunde en una mayor satisfacción social, o por lo menos, una satisfacción social que evite la exacerbación de tal carencia por algunos sectores políticos.

La acción activa impele al Estado a actuar directamente en aquellas áreas en que los particulares no pueden o no quieren participar. Yo agregaría que esa actitud activa también es imperativa para que la autoridad rectifique los errores que la acción de los particulares provoque, asumiendo aquellas funciones deficientes a través de la creación de empresas estatales (que se pueden crear a través de una ley de quorum calificado) o a través de estímulos o castigos que pueden ser logrados por medio de tributos aplicados como estimuladores o inhibidores de ciertas conductas.

Tanto la actitud pasiva como la activa del RSE deben ejercerse con vehemencia y energía para lograr el fin del Estado que es el logro del Bien Común, concepto que perfectamente puede ser entendido, además de muchas otras acepciones, como el logro del ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes de nuestro país, ya sean nacionales como extranjeros que han llegado a nuestro país buscando un mejor horizonte a sus vidas.

Esta actitud activa permite que el Estado aumente la carga tributaria con el fin de financiar subsidios para que sectores desprotegidos puedan acceder a mercados de productos de mayor necesidad, como sería la educación, la salud y la previsión; como también el otorgamiento de exenciones o regímenes de tributación con menor carga tributaria para aquellos empresarios que asuman la tarea de satisfacer necesidades sociales, logrando un lucro equilibrado y justo en relación al servicio prestado, la calidad de éste y al sector que beneficia.

Todo ese ámbito de acción estatal está dentro del espectro del RSE y que ya está consagrado en nuestra Constitución, pero que, sin duda, no se ha aplicado, por lo menos, de la manera que la población espera.

Lamento mucho que los jóvenes y algunos sectores de la población tengan un conocimiento defectuoso de principios doctrinarios que han ido evolucionado en nuestra cultura occidental como el RSE, que han sido fruto de la valoración máxima del reconocimiento de la libertad de las personas, y que se sientan motivados a cambiar las bases institucionales del actual ordenamiento por discursos superficiales que solo distorsionan las opiniones y que prometen quimeras que no pueden ser logradas con mecanismos probadamente ineficientes o incongruentes como señalar que es rol del Estado el garantizar los derechos, actitud palmaria ya señalada en nuestra carta fundamental, pero que no se ha logrado por las actitudes equivocadas de la autoridad, produciendo deficiencias que han sido magnificadas estos sectores anclados en postulados anacrónicos que utilizan discursos altisonantes que solo confunden a la población.


Prof. Germán R.Pinto Perry

Director Magister en Planificación y Gestión Tributaria

Universidad de Santiago

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